El movimiento político Unidad Popular (Lista 2) manifestó formalmente que no procede su cancelación del registro electoral, fundamentándose en una certificación oficial entregada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este 13 de abril de 2026. Según la organización, los datos oficiales desmienten las versiones de una supuesta salida masiva de afiliados que buscaba justificar su eliminación.
Cifras expuestas frente a la cancelación
Geovanny Atarihuana, director de Unidad Popular, junto a varios simpatizantes, acudió al CNE para solicitar la certificación de su base de datos ante informes que sugerían una reducción crítica de sus miembros. El documento emitido por el órgano electoral certifica que, desde junio de 2020, solo se registraron 1.484 desafiliaciones en los seis años de existencia del partido.
Esta cifra dista drásticamente con versiones previas que mencionaban una pérdida de 175.000 afiliados. Para la dirigencia de Unidad Popular, los 1.483 exadherentes representan apenas el 0,7% del total de su padrón. Esto invalida legalmente la causal de cancelación por reducción de afiliados.
La normativa vigente en el Código de la Democracia estipula que una organización política puede ser cancelada si su padrón disminuye en más del 50%. Con los datos certificados, Unidad Popular sostiene que está lejos de cumplir esa condición.
Además de la falta de sustento numérico, el movimiento presentó un argumento de carácter procedimental:
- Plazo legal: el Código de la Democracia establece que el CNE puede resolver la cancelación de organizaciones políticas hasta 120 días antes de la convocatoria a elecciones.
- Vencimiento: según afirma la organización, dicho plazo venció el 3 de abril de 2026, lo que inhabilitaría cualquier resolución de este tipo en la fecha actual.
Exigencia de la directiva nacional
Ante lo que consideran una falta de fundamentos, la Directiva Nacional de Unidad Popular solicitó formalmente que se ratifique su vigencia como organización política y que se proceda al archivo inmediato del proceso de cancelación iniciado en su contra.
El movimiento calificó este proceso como improcedente y exige respeto a su institucionalidad, basándose en que “nunca han existido las 175 mil desafiliaciones” y que sus registros se mantienen sólidos dentro de los parámetros legales.
Radio Pichincha