El magistrado Juan Carlos Peinado ha tomado la determinación de procesar a Begoña Gómez, concluyendo así una fase de instrucción iniciada hace dos años a raíz de una querella del colectivo Manos Limpias. La investigación señala a la cónyuge del presidente del Gobierno de España como presunta responsable de diversos ilícitos vinculados a su desempeño profesional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde que Pedro Sánchez asumió la jefatura del Ejecutivo. La tesis acusatoria sugiere que Gómez habría incrementado su red de influencia tras dirigir el IE África Center y el Máster de Fundraising en la UCM.
Desde el año 2012, Begoña Gómez se desempeñó como codirectora en diversos programas académicos enfocados en la transformación social y la obtención de recursos. Por esta labor, percibió un total de 40.000 euros en un periodo de diez años, de los cuales 8.000 euros corresponden a la etapa previa a que su esposo llegara a la Moncloa. En el año 2020, asumió el liderazgo de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC), una posición por la cual, según declaraciones de diversos testigos, no recibió retribución directa.
La situación financiera de Gómez en la UCM muestra cifras limitadas: sus cuentas en el BBVA registraron un saldo global de 21.000 euros, mientras que sus ingresos anuales máximos por los dos másteres impartidos ascendieron a 15.000 euros, dado que no ostentaba la condición de funcionaria de la institución académica.
El juez propone que los hechos sean evaluados por un jurado popular. En un auto detallado, plantea la hipótesis de que Gómez se habría valido de su estatus para lograr beneficios económicos y profesionales. No obstante, las diligencias —que incluyeron el rastreo de sus movimientos bancarios, el análisis de ingresos y la indagación de supuestas cuentas en Turquía y la República Dominicana— no han hallado pruebas concluyentes que ratifiquen los señalamientos de la acusación.
Corrupción en los negocios
Según la perspectiva del juez Peinado, la captación de capital para la Cátedra TSC no se ajustaría a los protocolos de patrocinio universitario tradicionales. Se sospecha que estas aportaciones podrían haber sido una retribución a cambio de ventajas en futuras contrataciones con el Estado.
La financiación inicial para este proyecto provino de corporaciones de alto perfil como Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros y Fundación la Caixa. Estas entidades aportaron más de 250.000 euros para la creación de un software gratuito destinado a empresas. Pese a ello, no se ha podido demostrar que estas firmas hayan recibido beneficios o un trato de favor en procesos de licitación pública.
Apropiación indebida
El documento judicial menciona la sospecha de que Gómez pudo haber apropiado fondos privados recolectados para la cátedra para sumarlos a su patrimonio personal. No obstante, la auditoría patrimonial no ha detectado rastros de este desvío. Tanto la Fiscalía como la defensa han ratificado que las donaciones se ingresaron en cuentas de la universidad y nunca en cuentas personales. El Ministerio Público ha insistido en que no existen pagos irregulares ni anomalías en el financiamiento.
Tráfico de influencias
Uno de los puntos críticos del caso reside en una carta de recomendación firmada por Gómez para una alianza de empresas relacionada con el empresario Carlos Barrabés en el marco de concursos públicos. Aunque la acusación ve un posible trato de favor, este documento es idéntico a otros 32 suscritos por diferentes autoridades institucionales. Al respecto, el informe preliminar de la Guardia Civil descartó la existencia de tráfico de influencias. Actualmente, esta línea de investigación está en manos de la Fiscalía Europea, que mantiene a Gómez únicamente como testigo.
Malversación de caudales públicos
El magistrado también plantea un posible delito de malversación debido al empleo de la asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, para tareas de la cátedra. Aunque esta es una figura común en la Moncloa, la defensa argumenta que el tiempo dedicado a dichas labores fue de apenas unas pocas horas anuales. Además, la normativa jurídica vigente estipula que solo son responsables de malversación quienes tienen capacidad de decisión sobre el dinero público, una condición que no se aplica a Gómez ni a su colaboradora.
El auto, que consta de 39 páginas, también procesa a Cristina Álvarez y a Carlos Barrabés, aunque este último solo por los cargos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Simultáneamente, el juez ha decidido archivar el delito de intrusismo profesional que se le imputaba a Gómez por la firma de documentos técnicos solicitados por la universidad.
Tras la resolución de Peinado, las partes disponen de cinco días para presentar sus respectivos escritos de calificación. Por su parte, el auto ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, instancia que deberá emitir un pronunciamiento definitivo sobre los recursos interpuestos.
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