La Comisión de Niñez y Adolescencia, en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia para reforzar el derecho a la dignidad, reputación, honor e imagen de niños, niñas y adolescentes, recibió a María Gabriela Ottati, entrenadora de familias y maestra certificada en Disciplina Positiva.
Durante su comparecencia, Ottati destacó la importancia de abordar esta problemática desde un enfoque integral, sustentado en evidencia científica. Señaló que existe amplia documentación proveniente de organismos internacionales, investigadores, profesionales de la salud y la educación, así como de las propias plataformas digitales, que advierte sobre los efectos negativos del uso de redes sociales en menores de edad.
En este contexto, citó información interna de plataformas tecnológicas que relaciona el uso compulsivo de redes sociales con afectaciones a la salud mental, la disminución de capacidades cognitivas como la memoria, el pensamiento analítico y la empatía, así como el incremento de la ansiedad y la alteración del sueño.
Ottati explicó que estos impactos se agravan en la adolescencia debido a factores biológicos y neurológicos. Asimismo, advirtió que las plataformas digitales están diseñadas bajo mecanismos de recompensa intermitente, similares a los utilizados en los juegos de azar, lo que favorece conductas adictivas. Este entorno, sumado a la alta disponibilidad y normalización del uso de redes, genera un “círculo perverso” en el que estas se convierten tanto en causa como en refugio de problemas como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima.
La experta resaltó propuestas internacionales orientadas a mitigar estos efectos, como restringir el acceso a teléfonos inteligentes antes de los 14 años, limitar el uso de redes sociales hasta los 16, promover espacios educativos libres de celulares y fomentar experiencias de socialización en entornos reales.
Finalmente, concluyó que el uso de redes sociales en menores genera consecuencias predominantemente negativas, derivadas tanto de las características propias de los usuarios como del diseño de las plataformas. Subrayó que esta problemática requiere un abordaje integral que involucre a las familias, el sistema educativo, la sociedad y el Estado.
En ese sentido, enfatizó que cualquier regulación debe basarse en evidencia, acuerdos comunitarios y procesos progresivos de implementación, acompañados de estrategias de información, formación, monitoreo y evaluación, con el fin de garantizar su efectividad y sostenibilidad.
MEV