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Polémica con Guillermo de Inglaterra por cobros de cárcel clausurada

A pesar de que el príncipe Guillermo suele mantener un perfil alejado de los escándalos dentro de la monarquía británica, sus finanzas personales han vuelto a ser el centro de un intenso escrutinio público. Informes recientes indican que el heredero al trono ha percibido ingresos de millones de libras derivados del alquiler de una infraestructura penitenciaria que actualmente se encuentra fuera de servicio debido a graves problemas de salubridad vinculados a la exposición de gas radón.

La controversia se focaliza en el centro penitenciario HMP Dartmoor, una propiedad que pertenece al Ducado de Cornualles. Esta entidad histórica, que data del siglo XIV, tiene como propósito fundamental proveer de recursos económicos privados al sucesor de la Corona británica. Desde el mes de diciembre del año 2023, el complejo está arrendado al Ministerio de Justicia del Reino Unido mediante un pago anual fijado en 1,5 millones de libras. Este acuerdo ha representado ganancias de al menos 2,5 millones de libras en los últimos 20 meses, cifra que equivale a unos 2,9 millones de euros.

Ubicada en Devon, Dartmoor es una cárcel conocida por sus estrictos regímenes y sorprendentes historias de fugas exitosas que llamaron la atención (IMAGEN DE ARCHIVO)

Clausura por riesgos sanitarios

La situación ha escalado debido a que la prisión permanece inactiva desde julio de 2024. La decisión de cerrarla se tomó tras el hallazgo de concentraciones críticas de radón, un gas de origen radiactivo, inodoro e invisible, que emana de forma natural desde el terreno. En el Reino Unido, este elemento es catalogado como el segundo factor principal de cáncer pulmonar. En ciertos sectores de la cárcel, las mediciones registradas llegaron a ser diez veces superiores al límite establecido por la normativa legal.

Aun con el recinto clausurado, el compromiso contractual sigue vigente, obligando al Estado británico a continuar con el desembolso del alquiler a favor del Ducado. Este hecho ha provocado una ola de cuestionamientos sobre el destino de los fondos públicos y la gestión de un inmueble que muestra un deterioro estructural severo. Tras el desalojo de la propiedad, se han reportado infestaciones de aves, roedores, insectos y murciélagos, agravadas por la necesidad de mantener las ventanas abiertas para intentar ventilar los espacios.

Duras críticas parlamentarias

Desde la esfera política, el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha manifestado su rechazo a la renovación contractual realizada en 2023. Según los legisladores, la firma se ejecutó

“en un estado de pánico ciego”

ante la falta de cupos en el sistema carcelario. El presidente de dicho comité, el conservador Sir Geoffrey Clifton-Brown, no ocultó su indignación al describir la operación administrativa como

“una auténtica vergüenza, de principio a fin”

, invalidando los argumentos de urgencia presentados por los responsables oficiales.

Acciones legales y falta de transparencia

El panorama judicial para el Ministerio de Justicia se complica, ya que más de 100 exreclusos y antiguos trabajadores han emprendido demandas legales. Los afectados sostienen que la exposición prolongada al gas radón pudo comprometer seriamente su estado de salud. Se estima que el número de demandantes podría ascender hasta las 750 personas.

Por su parte, los representantes del Ducado de Cornualles han salido en defensa de la legalidad del contrato. Han enfatizado que

“el arrendamiento de la prisión de Dartmoor refleja acuerdos de larga duración”

y que el proceso se llevó a cabo

“en condiciones comerciales estándar”

, contando con la asesoría de expertos independientes para ambas partes involucradas. De igual manera, indicaron que mantienen un diálogo fluido con el Ministerio para definir el destino final de la propiedad.

La princesa Carlota de Gran Bretaña, Catalina, la princesa de Gales, el príncipe George, el príncipe Luis, Guillermo, el príncipe de Gales, el príncipe Eduardo y la princesa Ana llegan para asistir al servicio de maitines de Pascua en la capilla de San Jorge en Windsor, Gran Bretaña, el 5 de abril de 2026. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS).

Paralelamente, ha surgido un debate sobre la transparencia de las cuentas del príncipe. Si bien Guillermo de Inglaterra abona voluntariamente el impuesto a la renta por los dividendos del Ducado, las cifras exactas de sus pagos no han sido reveladas a la opinión pública, marcando un contraste con la gestión previa de su padre, el rey Carlos III, quien sí transparentaba dichos montos cuando ostentaba el título de Duque de Cornualles.

La investigación también revela que Dartmoor constituye una de las fuentes de ingresos estatales más significativas para el patrimonio del Ducado, el cual posee una vasta red de propiedades que incluye arriendos a centros educativos, el ejército y el sistema de salud nacional.

En medio de estas tensiones, el príncipe Guillermo ha tratado de impulsar una agenda distinta en la región de Dartmoor, promoviendo un plan de sustentabilidad ambiental a veinte años. Este proyecto se enfoca en la restauración de turberas y la preservación ecológica, intentando hallar un punto de equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía en la localidad.

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