La tarde de este lunes, 13 de abril de 2026, representantes de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) ingresó en la Corte Constitucional (CC) un recurso de amicus curiae con el que defiende la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Integrantes del gremio, que representa a los 222 municipios del país, realizaron una marcha desde el parque el Arbolito hasta la sede de la CC, en el norte de Quito.
La movilización la encabezó la presidenta de la AME y alcaldesa del cantón Muisne, Yuri Colorado, quien manifestó su respaldo a la normativa ante una serie de 24 demandas de inconstitucionalidad que ingresaron a la Corte Constitucional.
“Como AME nacional representando a los 222 alcaldes y alcaldesas del país, le pedimos a los magistrados de la Corte Constitucional que, por favor, nos convoquen para ser parte de este proceso y explicar la importancia de la ‘ley del 70/30′“, dijo la representante de la asociación.
Colorado también destacó que esta ley “significa más agua potable, más alcantarillado y más dignidad para la ciudadanía”. A la vez, la presidenta de la AME resaltó que en este momento Ecuador necesita unidad.
El pasado 13 de marzo, el segundo tribunal de sala de admisión de la Corte Constitucional admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad que presentó el concejal de Quito Andrés Campaña, el 23 de febrero de este 2026, en contra de esta ley.
La denominada Ley de los GAD fue aprobada el 20 de febrero en la Asamblea Nacional, con 77 votos.
El concejal impugnó, por la forma y por el fondo, los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, así como las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, y solicitó que se declare la inconstitucionalidad de esta norma.
Con la admisión de esta acción, la jueza constitucional Claudia Salgado Levy Salgado dispuso a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Procuraduría General del Estado que, en el término de quince días, intervengan, defendiendo o impugnando la constitucionalidad de la normativa demandada.
La norma tiene como objetivo asegurar que los fondos públicos se concentren en cerrar brechas de servicios y no en el sostenimiento de estructuras administrativas.
Esta ley establece que el 70 % del presupuesto de los GAD deberá destinarse obligatoriamente a gasto no permanente, es decir, a inversión y mantenimiento de obras. En tanto que el 30 % restante se destinará al gasto corriente, es decir, al pago de sueldos de los funcionarios públicos de municipios y prefecturas.
Fuente: El Universo
ra