La reciente promulgación del Decreto 0369 por parte del Gobierno liderado por Gustavo Petro ha provocado una fuerte reacción en el sector previsional colombiano. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) ha manifestado su preocupación, señalando que esta normativa podría comprometer la integridad de los ahorros y disminuir el monto de las pensiones futuras para millones de ciudadanos al restringir la diversificación de las inversiones y limitar el crecimiento de la rentabilidad.
Según el gremio, la normativa obstaculiza la posibilidad de invertir los fondos de pensiones en mercados internacionales, lo cual eleva el riesgo de obtener rendimientos más bajos. Esta situación no solo repercute en las prestaciones que recibirán los afiliados al momento de su retiro, sino que también pone en entredicho la sostenibilidad financiera de todo el sistema y el bienestar económico de los trabajadores que dependen de estos ahorros para su vejez.
Consecuencias en la diversificación y los beneficios económicos
La postura de Asofondos enfatiza que la medida vulnera el principio de diversificación, un pilar que ha estado vigente desde el año 2009 con la implementación del modelo de multifondos. Este sistema fue concebido para gestionar los riesgos de inversión de acuerdo con las necesidades y el perfil de cada cotizante.
La organización advirtió que al poner trabas a la gestión internacional de los recursos, se reduce drásticamente la probabilidad de generar mejores beneficios, haciendo más difícil que los trabajadores acumulen el capital necesario para obtener una renta vitalicia. En términos prácticos, menos rentabilidad se traduce directamente en pensiones de menor cuantía, afectando la estabilidad de los futuros jubilados.
Sobre este punto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, subrayó que las limitaciones impuestas a las inversiones externas chocan con las responsabilidades legales de las entidades gestoras. Al respecto, declaró lo siguiente:
“limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión”.
Velasco también argumentó que el diagnóstico detrás del decreto es equivocado, aclarando que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya destinan la mayor cantidad de recursos posible al mercado interno. El dirigente explicó que la falta de una mayor inversión en Colombia no se debe a una falta de voluntad, sino a la carencia de proyectos locales que sean lo suficientemente sólidos, seguros y rentables para cumplir con los criterios de riesgo.
Obstáculos para la inversión interna y el contexto fiscal
Desde el gremio se detalló que el límite a las inversiones en el extranjero se fundamenta en una realidad de mercado compleja: la escasez de proyectos nacionales bien estructurados que generen la confianza necesaria para los inversionistas. Velasco precisó que las dificultades actuales para invertir en el país se deben a:
- La falta de proyectos estructurados con garantías técnicas y financieras.
- La ausencia de condiciones de confianza para el desarrollo de grandes obras.
- Las elevadas tasas de interés que el Estado debe pagar como consecuencia del desorden fiscal, lo que representa un costo de oportunidad significativo.
Esta falta de opciones viables en el mercado nacional obliga a las administradoras a considerar condiciones de riesgo y retorno que podrían no ser las más óptimas para los afiliados. Según Asofondos, esta restricción en la estrategia de inversión tendrá, inevitablemente, un impacto negativo en el crecimiento del patrimonio de los trabajadores.
Marco legal y financiamiento de las necesidades del país
En cuanto al financiamiento interno, las AFP han reiterado su apertura a invertir en territorio nacional, siempre que los proyectos cumplan con los rigurosos estándares de cada multifondo. No obstante, recalcan que fijar límites rígidos puede ser contraproducente si el mercado local no ofrece suficientes alternativas de rentabilidad.
La defensa del ahorro se ampara en el artículo 48 de la Constitución, el cual estipula que los recursos de las pensiones deben destinarse exclusivamente a financiar las prestaciones de los afiliados. Aunque el Ejecutivo pretende que este decreto sirva para “contribuir a la financiación de las necesidades de inversión del país”, Asofondos sostiene que este objetivo no debe comprometer la finalidad primordial: maximizar la seguridad y el valor de las pensiones.
El texto del decreto establece que el flujo total de las nuevas cotizaciones deberá enfocarse en activos nacionales “hasta el punto en que sea necesario para dar cumplimiento al límite global definido”. Esto obliga a las entidades a mantener un equilibrio delicado para cumplir con su deber fiduciario de proteger el capital de los ciudadanos.
Alertas sobre la viabilidad del modelo previsional
La Contraloría General de la República también se sumó a las advertencias, señalando los peligros de reducir la diversificación de los portafolios, especialmente en lo que respecta a la inversión internacional. El ente de control advirtió que la medida podría mermar los rendimientos y aumentar la presión sobre la sostenibilidad del sistema y las finanzas públicas del país.
El organismo fiscalizador fue enfático al decir que estas restricciones limitan la capacidad del sistema para honrar sus compromisos a futuro, lo cual es crítico para mantener el balance financiero necesario para el pago de las jubilaciones.
Actualmente, el ahorro de los trabajadores goza de protección constitucional, por lo que cualquier norma que afecte su rentabilidad podría tener repercusiones de magnitud nacional, alterando la estabilidad de todo el engranaje pensional.
Rutas legales y periodo de transición
El Decreto 0369 otorga un plazo de seis meses, a partir de su vigencia, para que las administradoras presenten ante la Superintendencia Financiera un plan de ajuste detallado. Este plan debe asegurar una transición gradual hacia los nuevos topes de inversión establecidos por el Gobierno.
Durante este tiempo, los departamentos legales de las AFP se encuentran analizando diversas acciones jurídicas para salvaguardar los ahorros de sus clientes y garantizar que la normativa se ajuste a los principios fiduciarios y legales vigentes. Entre los puntos de análisis se encuentran:
- Posibles contradicciones con la Ley 100.
- Incompatibilidades con la Ley 2381 de 2024.
- La revisión por parte de la Corte Constitucional en caso de alteraciones sustanciales en el régimen de inversiones.
El gremio considera que, si se confirma la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, será imperativo revisar este decreto para armonizarlo con la legislación superior y proteger los derechos adquiridos de los afiliados. Aunque las administradoras están obligadas a cumplir con las leyes actuales, no descartan recurrir a los tribunales para asegurar que el ahorro de los trabajadores colombianos no se vea perjudicado por las nuevas directrices gubernamentales.
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