Existen fuertes indicios de que el poder real de la controvertida joven Juliana Guerrero, quien se posicionó como una de las figuras más cercanas al mandatario Gustavo Petro y protagonizó un escándalo gubernamental por la supuesta compra de su título académico, continúa expandiéndose. Esta vez, su influencia se habría centrado en una entidad estratégica que administra cuantiosos recursos para la aplicación del Acuerdo de la Habana: el Fondo Colombia en Paz.
Aunque Guerrero no ostenta una vinculación laboral formal, diversos testimonios de fuentes consultadas indican que ella sería la responsable de manejar, de forma indirecta, las determinaciones primordiales dentro de la institución. Estas acciones abarcan desde la selección de personal directivo hasta el establecimiento de las prioridades de la entidad. Su capacidad de mando se sostendría en sus vínculos con personajes de alto nivel en el Gobierno Petro y la confianza otorgada por ciertos funcionarios, lo que le permitiría ejercer una jefatura efectiva al margen de los procedimientos legales.
De acuerdo con relatos de trabajadores del organismo, la intervención de Guerrero en el Fondo Colombia en Paz ha transformado profundamente el esquema organizacional interno.
Integrantes de la entidad sostienen que Guerrero ha reestructurado grupos de trabajo y ha definido la hoja de ruta institucional, imponiendo mandatos sin dejar rastro en actas oficiales. Se menciona la existencia de un “poder real”, donde ella habría impartido órdenes, participado en encuentros determinantes y coordinado tanto desvinculaciones como nuevas contrataciones de personal. En este sentido, se reporta que en las semanas recientes, más de diez funcionarios con amplia trayectoria abandonaron sus puestos, los cuales fueron ocupados por individuos vinculados directamente al entorno de Guerrero.
“Aquí han circulado listas de quiénes se van y quiénes llegan. Han sacado gente con años de experiencia”
Este testimonio, recogido de un funcionario de la entidad, evidencia la percepción de una transición de personal orquestada desde una estructura externa a la formalidad del fondo.
Inestabilidad directiva y relevos inesperados
La trayectoria reciente del Fondo Colombia en Paz se ha visto marcada por un recambio constante en sus mandos más altos. Tras las administraciones de Pablo Pardo Velasco y Wilmer Leal Pérez, la dirección quedó en manos de Deyanira Guerra en marzo de 2026, producto de una determinación sorpresiva del Consejo Directivo, bajo la presidencia de Nohra Mondragón.
Llamó la atención de los involucrados que el proceso para nombrar a Guerra se efectuara sin la presentación de una terna de candidatos. El hecho de que su ingreso coincidiera con el aumento de la presencia de Guerrero ha alimentado las sospechas sobre una coordinación externa previa.
En un lapso de pocas semanas, el organismo presenció el retiro de cuadros técnicos de larga data y el arribo de nuevos perfiles asociados al círculo de Guerrero. No obstante, la renuncia de Guerra el 10 de abril, solo dos meses después de posesionarse, ha generado un clima de profunda incertidumbre y dudas sobre la estabilidad del fondo.
Gestión de capitales y naturaleza jurídica del fondo
El Fondo Colombia en Paz opera como un patrimonio autónomo vinculado al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Su funcionamiento se rige bajo las normas del derecho privado, con el objetivo primordial de canalizar y ejecutar el financiamiento de los compromisos derivados del proceso de paz. En la última década, la institución ha administrado recursos que superan los 5,6 billones de pesos, y solo en lo que va del año 2026 ha entregado contratos por más de 215.000 millones.
Esta flexibilidad en el manejo de fondos, sumada a una fiscalización externa reducida, convierte al ente en un punto de interés para figuras políticas y gestores vinculados al Ejecutivo. Al no tener el mismo escrutinio que otras instituciones del Estado, la administración discrecional facilita que personas con influencia informal prioricen agendas y asignen presupuestos.
Entramados políticos y designaciones estratégicas
El fortalecimiento del equipo ligado a Guerrero en la entidad ha coincidido con la llegada de perfiles vinculados a colectivos políticos de las regiones. El nombramiento de Deyanira Guerra reveló conexiones con el denominado grupo Jattin, que posee una fuerte presencia en Córdoba y brindó respaldo al sector progresista en las pasadas elecciones presidenciales.
Al respecto, Zulema Jattin, figura política de renombre en dicha zona, manifestó:
“Conozco y tengo una relación de amistad con Guerra y su familia hace más de 30 años, pero que no tuvo nada que ver con su vinculación a un cargo en este Gobierno”
A pesar de estas declaraciones, otras versiones apuntan a que el arribo de Guerra fue el resultado de un pacto político donde Juliana Guerrero habría servido de puente. Paralelamente, la designación de Jorge Bustos como secretario privado desde el 25 de marzo y de Obar Redondo Martínez como jefe de despacho consolidaría la red de las hermanas Guerrero. Ambos funcionarios registran antecedentes en campañas políticas, pero carecen de una vasta experiencia previa en la administración pública.
Dicha influencia habría agilizado nombramientos inesperados, como el de Redondo Martínez, cuya relación con Verónica Guerrero fue señalada como un factor determinante por diversas fuentes. Al ser interrogado sobre el proceso de su contratación, Bustos prefirió no emitir declaraciones.
Fuente: Fuente