En el marco de la jornada electoral de 2026 en Perú, el aspirante a la presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó este sábado una denuncia penal contra el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La acción judicial, que fue tramitada a través de los canales digitales del Ministerio Público, señala al funcionario por el presunto delito de omisión de funciones y sostiene la existencia de un estado de flagrancia permanente debido a las demoras críticas en la apertura de los centros de votación en diversos sectores de la capital.
El requerimiento legal, que quedó registrado formalmente a las 13:53 horas bajo el patrocinio del abogado Wilber Medina Barcena, no solo exige la intervención de la Fiscalía de la Nación, sino que solicita expresamente la detención inmediata de la máxima autoridad de la ONPE. Según el documento presentado por el equipo legal del candidato, la medida es necesaria para cumplir un objetivo específico:
López Aliaga argumenta que esta medida busca “salvaguardar el ejercicio efectivo del derecho fundamental al sufragio” frente a las incidencias ocurridas.
Asimismo, el líder de Renovación Popular dejó abierta la posibilidad de extender esta denuncia hacia otros individuos que resulten implicados conforme avancen las investigaciones pertinentes sobre las irregularidades logísticas reportadas durante la jornada.
Extensión del horario de votación por crisis logística
Ante la magnitud de los inconvenientes, Piero Corvetto admitió públicamente las fallas en el proceso y determinó que el cierre de las urnas se postergara hasta las 6 de la tarde, otorgando una hora adicional a los votantes. El jefe de la ONPE precisó que esta decisión responde directamente a los retrasos en la distribución del material electoral y a la imposibilidad de instalar cientos de mesas de sufragio a tiempo.
Los reportes de largas filas y malestar ciudadano se concentraron principalmente en distritos limeños como:
- Surco
- Magdalena
- San Isidro
- Miraflores
- San Juan de Miraflores
La disposición de ampliar la jornada contó con el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En un mensaje dirigido a la nación, Corvetto intentó calmar los ánimos de los electores afectados:
“Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, declaró Corvetto durante la jornada.
Advertencias de sanciones administrativas y penales
La situación ha escalado a niveles judiciales y de control institucional. Roberto Burneo, quien preside el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfatizó que los fallos organizativos no quedarán impunes y que se procederá con el rigor de la ley contra los responsables de obstruir el proceso democrático.
“Comunicaremos a las autoridades competentes para que asuman las responsabilidades que sean del caso, no solo a nivel administrativo, sino también penal”, afirmó Burneo.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación ya ha iniciado las diligencias correspondientes. Personal del Ministerio Público se apersonó en la sede de la ONPE en el centro de Lima para documentar las deficiencias en la entrega de materiales. La fiscal provincial Lorena Villanueva Zúñiga lidera estas acciones, exhortando a la entidad electoral a cumplir estrictamente con sus responsabilidades legales para no vulnerar el derecho al voto.
Reacciones políticas y retraso en resultados oficiales
El descontento por la organización de los comicios fue compartido por diversas figuras del ámbito político. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue contundente al solicitar la renuncia inmediata de Corvetto, calificando los retrasos en Rímac, San Borja y Villa El Salvador como hechos “históricos y escandalosos”.
De igual manera, el candidato César Acuña, de Alianza Para el Progreso, manifestó su preocupación desde Trujillo, exigiendo transparencia y condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. A estas críticas se sumó el actor y comunicador Carlos Álvarez mediante un pronunciamiento audiovisual.
Finalmente, la ONPE advirtió que aquellas mesas que no lograron instalar cabinas por falta de materiales no podrán realizar el proceso posteriormente. Esta crisis logística provocará que la difusión de los primeros resultados oficiales se retrase al menos una hora respecto a la programación inicial. Para garantizar la seguridad del proceso, el Gobierno ha desplegado a más de 100.000 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en todo el territorio peruano.
Fuente: Fuente