El sistema judicial ha determinado la suspensión del avance de la causa penal que se seguía contra el exmandatario Francisco Sagasti. La acusación, que señalaba un presunto abuso de autoridad derivado de la desvinculación de varios generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el año 2020, ha quedado paralizada por disposición del magistrado Juan Carlos Checkley, encargado de la investigación preparatoria.
Durante la diligencia más reciente, el juez Checkley resolvió anular la resolución previa que llamaba a un control de acusación contra Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Élice. Esta medida detiene momentáneamente las pretensiones de la fiscalía en este proceso específico.
El sustento de esta determinación radica en que el magistrado declaró fundada una excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa de Vargas. Bajo este criterio jurídico, el juez considera que la firma del pase a retiro de los 19 generales de la PNP no califica como el delito de abuso de autoridad. En consecuencia, se ordenó el archivo definitivo del expediente para el exjefe de la cartera del Mininter.
Ante esta resolución, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han presentado sus respectivos recursos de apelación. Ahora, la responsabilidad de definir si existió o no una conducta ilícita en la purga masiva de oficiales durante la gestión de Sagasti recaerá sobre la Sala Penal Permanente. El procedimiento de control de acusación solo podrá ser reactivado si el tribunal superior revoca la decisión emitida por Checkley.
Es importante recordar que, por estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado una pena privativa de libertad de 3 años y 6 meses para el expresidente Francisco Sagasti. Asimismo, para los exministros Rubén Vargas y José Élice, la fiscalía requiere una sanción de 2 años y 6 meses de cárcel.
Fundamentos sobre la legalidad de los pases a retiro
Al archivar el proceso penal contra Rubén Vargas, el juez Juan Carlos Checkley concluyó que la acción de pasar a situación de retiro a un grupo de 18 generales (que sumados a otros cargos sumaron 19) se ejecutó bajo los lineamientos de la Constitución Política y la Ley de la PNP. Con este fallo, el exministro queda excluido de la causa judicial que se originó tras una denuncia en el Legislativo.
La imputación de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos se centraba en el nombramiento de César Cervantes como comandante general de la institución policial. Dicha designación forzó el cese de tres tenientes generales y 16 generales para permitir que Cervantes asumiera el mando.
Aunque César Cervantes se encontraba en el puesto número 18 del escalafón de antigüedad al momento de su elección, la normativa vigente permitía su ascenso a la jefatura. No obstante, este movimiento administrativo conllevaba el retiro automático de todos los oficiales que poseían una mayor antigüedad en el escalafón jerárquico.
Finalmente, la resolución judicial enfatiza que la medida cuenta con el respaldo de los artículos 167 y 168 de la Constitución del Perú, además del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1267. Estos instrumentos legales ratifican la facultad discrecional del Presidente de la República para elegir al líder de la PNP, una atribución que el Tribunal Constitucional ha validado previamente y que produce, de forma inmediata, la salida de los oficiales de rango superior al designado.
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