La administración de un millonario convenio petrolero en Puerto Boyacá, con una valoración estimada en 57 millones de dólares, ha vuelto a poner bajo el escrutinio público la gestión de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Esta situación ha provocado la movilización inmediata de los organismos de control en Colombia, incluyendo a la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General.
De acuerdo con diversos reportes y documentación técnica, tanto la veeduría ciudadana del sector como la Unión Sindical Obrera (USO) han interpuesto solicitudes formales para una inspección profunda del pacto de exploración y explotación de los pozos Teca-Nare, enmarcados en el denominado proyecto Fontana. Las organizaciones alegan presuntas irregularidades en los protocolos de asignación y señalan con preocupación los vínculos de los beneficiarios potenciales con procesos judiciales de alto perfil.
Vigilancia sobre Jorge Moreno y la firma Montajes JM S.A.
El núcleo de la controversia se centra en la figura de Jorge Moreno, identificado como el propietario de la compañía Montajes JM S.A., la cual se perfila como la principal receptora de la cesión de este contrato de operación. Moreno es además reconocido por ser el progenitor de Laura Moreno, figura central en el mediático caso judicial relacionado con el fallecimiento del joven Luis Andrés Colmenares ocurrido en el año 2010.
Sobre el empresario pesa una investigación iniciada por la Fiscalía General de la Nación en el año 2025, centrada en presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Estas pesquisas rastrean operaciones financieras ejecutadas por Montajes JM S.A. entre los años 2006 y 2009. La hipótesis central de las autoridades sugiere que la organización habría estado involucrada en un esquema de facturación ficticia, lo que habría derivado en un perjuicio económico de gran escala contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
A pesar de estos antecedentes, denunciantes locales sostienen que en el seno de Ecopetrol se estaría gestionando el traspaso operativo de los campos a favor de la empresa de Moreno. La veeduría ciudadana ha alertado sobre presuntas coordinaciones irregulares entre figuras como el vicepresidente ejecutivo Juan Carlos Hurtado y delegados de la firma privada. En su queja oficial, los veedores indicaron que
“presuntamente se prometió dinero de manera indebida por la entrega de operación de estos campos”
.
Es importante señalar que, hasta la fecha, Jorge Moreno no posee condenas en firme ni antecedentes vigentes en los sistemas disciplinarios, penales o fiscales, dado que no se ha realizado una imputación de cargos formal. Registros de la Rama Judicial confirman que la diligencia de imputación ha sido postergada en tres ocasiones. La suspensión más reciente ocurrió el 19 de enero de 2026, cuando el Juzgado 75 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá dejó constancia de la no realización del proceso judicial.
Postura de Montajes JM S.A. y reacciones del sindicato petrolero
La intención de la empresa de participar en el proyecto quedó ratificada mediante un oficio formal enviado por Jorge Andrés Moreno, quien ejerce como representante legal de Montajes JM S.A. La comunicación fue dirigida directamente a la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Nuevos Negocios de la estatal petrolera colombiana. En el texto, la contratista asegura tener la capacidad para gestionar los campos Teca-Nare, proponiendo además un incentivo salarial para los trabajadores de entre el 10% y el 20% sobre sus haberes actuales.
Dicho documento, que cuenta con el respaldo corporativo de la firma, evidencia que esta compañía especializada en ingeniería, fabricación y montajes para el sector de hidrocarburos no solo está al tanto del negocio, sino que ha tomado medidas activas para consolidar su entrada en la operación.
Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha manifestado una oposición tajante ante la posibilidad de que activos estratégicos de la nación queden en manos de personas bajo sospecha judicial. El gremio también ha advertido sobre el riesgo de inestabilidad para los derechos de los operarios actuales. Esta alerta ha forzado la intervención de la Oficina de Ética y Cumplimiento de la petrolera, la cual deberá emitir un concepto, aunque estos procesos suelen demorar varios meses.
Finalmente, Ecopetrol ha emitido declaraciones negando que la cesión del contrato de 57.000.000 de dólares se haya formalizado oficialmente, a pesar de que la comunicación enviada por Montajes JM S.A. presenta una realidad distinta al detallar ofertas laborales y técnicas específicas. Por ahora, el destino de los campos Teca-Nare continúa bajo la estricta vigilancia de los entes de control, a la espera de una resolución judicial o administrativa definitiva.
Fuente: Fuente