La Sala IV de la Cámara de Casación de Comodoro Py es la instancia encargada de determinar si se confirma o se deja sin efecto el procesamiento de Alberto Fernández. El exjefe de Estado es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en el marco del expediente judicial denominado causa Seguros.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fijaron para este lunes una audiencia con el fin de escuchar los argumentos de la defensa del exmandatario. Fernández sostiene que, en caso de que se hubiese concretado alguna maniobra ilícita en la contratación de las pólizas, él no tuvo conocimiento de tales hechos.
Existe una expectativa central sobre la postura que tomará el fiscal general Raúl Plee. Se busca conocer si respaldará el criterio de José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal, quien el año anterior se manifestó a favor del planteamiento de Fernández al considerar que
“no se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso”
.
A pesar de ese antecedente, en la fase previa de apelación, los magistrados Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo G. Farah (este último de forma parcial) ratificaron el procesamiento sin prisión preventiva para el exmandatario, así como para gran parte de los exfuncionarios y empresarios salpicados por la investigación.
Por otro lado, la abogada defensora Mariana Barbitta ha cuestionado duramente la resolución emitida por el juez de instrucción Sebastián Casanello. La defensa califica la decisión de arbitraria, argumentando que se le imputaron delitos por los cuales no fue indagado previamente y criticando que no se consultara a especialistas en el sector de seguros para esclarecer los hechos bajo análisis.
Tras la exposición de argumentos por todas las partes involucradas, el tribunal de Casación estará facultado para emitir su fallo en un periodo de aproximadamente 20 días hábiles.
Detalles de la investigación judicial
La hipótesis principal surgida durante la instrucción indica que la contratación de seguros para diversas instituciones del Estado derivó en el pago de comisiones millonarias a favor de intermediarios del sector privado.
La justicia sospecha que, mediante el decreto N° 823/2021, el entonces presidente estableció que la empresa NACIÓN SEGUROS centralizara la elección discrecional de aseguradoras privadas e intermediarios, omitiendo presuntamente los mecanismos de selección obligatorios.
Dentro de los principales señalados como beneficiarios de este esquema se encuentran Héctor Martínez Sosa, broker vinculado estrechamente con Fernández; María Cantero, esposa del corredor y exsecretaria privada del presidente; y Alberto Pagliano, quien fuera titular de NACIÓN SEGUROS.
En la resolución de procesamiento, el juez Casanello puntualizó que bajo la dirección de Alberto Pagliano, la firma estatal NACIÓN SEGUROS efectuó pagos por intermediación a tres grupos específicos liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello.
De acuerdo con las estimaciones judiciales, las comisiones percibidas por este grupo alcanzaron los 2.200 millones de pesos. Dicha cifra representa el 59,6% del total de las comisiones destinadas a intermediarios de pólizas emitidas para organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández.
Asimismo, el magistrado detectó que el nombramiento de María Cantero como Secretaria privada ejecutiva de la Presidencia “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar”, facilitando gestiones para contrataciones estatales en su propio beneficio.
Ratificación previa de la Cámara Federal
La Cámara Federal de Apelaciones ya había validado la teoría de una red de corrupción que operó a través del direccionamiento de contratos en Nación Seguros por parte de distintas dependencias gubernamentales entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Al confirmar el procesamiento de Alberto Fernández por negociaciones incompatibles, la justicia también mantuvo vigente un embargo sobre sus bienes por 14.600 millones de pesos y la restricción de salida del país sin autorización judicial previa.
Para los magistrados del tribunal, el rol de Fernández fue determinante para que Héctor Martínez Sosa obtuviera múltiples contratos estatales, valiéndose de su relación personal y su posición de poder para influir en la cúpula de la aseguradora del Estado.
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