El reconocido dirigente de la oposición, Juan Pablo Guanipa, quien mantiene una alianza cercana con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó duras críticas contra Larry Devoe, el nuevo fiscal general de Venezuela. Guanipa lo calificó como un “cómplice por años” de lo que denominó como las “atrocidades del chavismo”, refiriéndose a las gestiones de Hugo Chávez y el posterior régimen de Nicolás Maduro.
Según las declaraciones de Guanipa, el historial de Devoe está marcado por su labor como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos desde el año 2014. En dicha función, el opositor asegura que el funcionario ignoró sistemáticamente y se “burló” del sufrimiento de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.
A través de una pieza audiovisual publicada en la red social X, el exlegislador enfatizó que durante las oleadas de protestas de 2014 y 2017, Devoe guardó silencio frente a los asesinatos de manifestantes a manos de las fuerzas del orden. Asimismo, recordó que en 2019, el ahora fiscal general impidió el ingreso de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al país, obstaculizando la elaboración de reportes sobre las transgresiones a los derechos fundamentales.
La denuncia también abarcó la actuación de Devoe tras los comicios presidenciales de 2024, marcados por señalamientos de fraude. Juan Pablo Guanipa subrayó que el funcionario no se manifestó ante la crisis que resultó en “más de 30” víctimas mortales y una cifra superior a los 3.000 arrestados, entre los que se cuentan ciudadanos menores de edad.
“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (…). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”
expresó contundentemente el dirigente opositor.
Nuevas designaciones bajo control oficialista
El Parlamento de Venezuela, actualmente bajo el dominio del chavismo, formalizó este jueves el nombramiento de Larry Devoe en la Fiscalía y de la jurista Eglée González como titular de la Defensoría del Pueblo. Estas designaciones han generado un rechazo inmediato en diversos sectores políticos.
Por ejemplo, Henrique Capriles, dos veces aspirante a la presidencia, cuestionó la idoneidad de Devoe señalando que su trayectoria ha estado ligada a la defensa de los intereses del Ejecutivo. “Sale un fiscal afecto al Gobierno y entra otro fiscal afecto al Gobierno”, sentenció Capriles ante los medios de comunicación.
De igual manera, la organización política Primero Justicia manifestó en sus canales oficiales que la nación requiere instituciones autónomas que protejan los derechos de los ciudadanos y “no al servicio de la camarilla de Delcy Rodríguez”. Es importante recordar que Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la detención de Maduro en la ciudad de Caracas por parte de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Este proceso de renovación institucional ocurre tras las dimisiones de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos estrechamente ligados a la estructura oficialista. Previamente, en el mes de marzo, un grupo de once ONG alertó sobre la opacidad y la falta de normativas claras en la evaluación de los candidatos para estos cargos públicos.
Cuestionamientos de la sociedad civil
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) puso en duda la imparcialidad de Larry Devoe y Eglée González Lobato. Para la ONG, estos nombramientos borran los límites entre el sistema judicial y el poder político en el país caribeño.
“Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”, denunció la organización a través de sus plataformas digitales, sugiriendo que se priorizó la lealtad sobre la autonomía.
La JEP también advirtió que es sumamente complejo que las víctimas de abusos confíen en el nuevo fiscal, dado que durante años su labor ante organismos internacionales como la ONU y la CIDH consistió en minimizar las denuncias de gravedad o negar la existencia de prisioneros por motivos políticos.
Otro punto de crítica fue que las evaluaciones de los perfiles se llevaron a cabo “a puerta cerrada”, lo que, según la ONG, redujo la participación de la sociedad civil a un simple formalismo y dejó a la ciudadanía en una situación de “orfandad jurídica”.
“El fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables. Si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”, advirtió la institución defensora de derechos humanos.
Finalmente, la JEP concluyó que bajo este esquema, el sistema judicial venezolano se vuelve endogámico: “el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia”, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso real y convirtiendo la justicia en una simple herramienta política.
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