Desde la Asamblea Nacional, un grupo de legisladores de la provincia de Manabí inició un proceso de fiscalización tras recibir graves denuncias de ataques perpetrados por fuerzas militares de Estados Unidos contra pescadores ecuatorianos en altamar. El pedido de información, dirigido formalmente a la Cancillería del Ecuador este 9 de abril de 2026, busca esclarecer la desaparición de la embarcación ‘Don Maca’ y la naturaleza de las agresiones reportadas por sus tripulantes.
El caso del ‘Don Maca’
Cinco asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) —Fernando Cedeño, María Gabriela Molina, Lenin Barreto, Guido Mendoza y Bertha Vélez— solicitaron a la canciller Gabriela Sommerfeld detalles pormenorizados sobre los hechos que afectaron a la embarcación pesquera. El ‘Don Maca’ zarpó desde el puerto de Manta el pasado 17 de marzo de 2026 y fue declarado como desaparecido el 26 del mismo mes.
De acuerdo con los relatos de los 20 pescadores ecuatorianos, fueron interceptados y atacados por militares estadounidenses, lo que provocó una explosión y el incendio total del barco. Los sobrevivientes afirman que, tras el ataque, fueron detenidos y mantenidos incomunicados en un buque extranjero denominado ‘Atlantis’, antes de ser transferidos a patrullas navales de El Salvador, donde finalmente fueron rescatados el 2 de abril.
La fiscalización legislativa coincide con la denuncia de un segundo incidente similar. El abogado Jorge Chiriboga informó sobre un ataque con bombas al barco ‘Negra Francisca’, asegurando que presentará el caso ante la Fiscalía General del Estado. Chiriboga calificó estos sucesos como “actos criminales”, señalando que los afectados son civiles desarmados que habrían sido atacados con drones de guerra de una nación extranjera.
El proceso busca determinar bajo qué justificación legal actuaron las fuerzas extranjeras y por qué los pescadores fueron trasladados a El Salvador sin recibir información previa. Los legisladores y representantes legales exigen que el Gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, establezca los motivos de estas intervenciones y garantice la protección de los ciudadanos que laboran en aguas internacionales.