Una diligencia judicial encabezada por el fiscal Saúl Sánchez, junto a un contingente de más de veinte especialistas entre fiscales, arquitectos y personal técnico, se llevó a cabo este 9 de abril en las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). La intervención, que contó con el aval de las autoridades de la institución, tiene como fin primordial evaluar posibles afectaciones al patrimonio cultural de la universidad luego de una serie de bloqueos realizados por grupos estudiantiles.
De acuerdo con Sánchez, quien lidera la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, el operativo responde a las denuncias por el cierre de la sede, medida tomada por estudiantes que manifiestan su rechazo ante un presunto fraude electoral y la implementación de la virtualidad académica. Durante las primeras horas de la jornada, el ingreso principal situado en la zona 12 de la capital guatemalteca permaneció inaccesible, lo que derivó en el inicio de las investigaciones oficiales.
Los reportes preliminares surgidos tras las primeras inspecciones oculares detallan que existen daños materiales evidentes. Se identificaron ventanas rotas en una de las unidades académicas y se mantiene la sospecha sobre la sustracción de diversos bienes institucionales. El jefe de la fiscalía puntualizó que los pormenores del peritaje serán presentados una vez que concluyan las labores de campo en el recinto universitario.

Tensión y demandas de la comunidad estudiantil
La ejecución del operativo requirió el despliegue de elementos de la Policía Nacional Civil para resguardar el orden ante el clima de tensión. Los estudiantes manifestantes, pertenecientes mayoritariamente a las Escuelas de Medicina y Ciencias Psicológicas, sostienen su postura de protesta frente a la sede. Sus reclamos se centran en el desconocimiento de los procesos electorales celebrados previamente en Antigua Guatemala y en la exigencia de retomar la presencialidad, contraviniendo las directrices del Consejo Superior Universitario.
En el transcurso del día, se registró una movilización organizada por la Facultad de Psicología, la cual partió desde la 9a. avenida y 10 calle de la zona 11 con destino a la Avenida Petapa, en la zona 12. Esta caravana obligó a la intervención de las autoridades de tránsito, quienes habilitaron un solo carril para mitigar el fuerte congestionamiento vehicular en los alrededores de la Usac, área que ha visto interrumpido su funcionamiento habitual debido a estas acciones de hecho.

Inspección en el área de Bienestar Animal
En un procedimiento paralelo, personal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través de su Unidad de Bienestar Animal, se apersonó este jueves en el Hospital Veterinario Universitario. Esta acción se derivó de una denuncia interpuesta el martes anterior, en la que se alertaba sobre la prohibición de ingreso al personal administrativo y operativo.
La comitiva de inspección, integrada también por delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y alumnos de la Facultad de Medicina Veterinaria, supervisó las condiciones en la granja experimental. Durante el recorrido por los sectores de bovinos, caprinos, porcinos y acuicultura, los especialistas detectaron una necesidad crítica de suministros alimenticios e hidratación para los ejemplares, siendo el área de cerdos una de las más comprometidas por la falta de atención debida al cierre de las instalaciones.

Perspectivas de la investigación judicial
La jornada del 9 de abril en la Universidad de San Carlos estuvo marcada por una inusual movilización técnica y policial, reflejo de la crisis institucional que atraviesa el principal centro de estudios superiores de Guatemala. El avance de las pesquisas fiscales será determinante para establecer la magnitud de los perjuicios económicos y culturales sufridos por la institución pública.
Mientras las autoridades judiciales continúan con la recolección de indicios, los colectivos estudiantiles ratifican que mantendrán sus medidas de presión hasta obtener respuestas concretas a sus peticiones de reformas y transparencia administrativa, rechazando las actuales políticas implementadas por el órgano de gobierno universitario.
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