El asambleísta César Palacios presentó una notitia criminis ante la Fiscalía General del Estado por el presunto cometimiento de varios delitos vinculados al incumplimiento de una sentencia constitucional que ordenaba habilitar a Alexandra Villacís para ejercer funciones públicas.
El legislador dirige sus acusaciones contra autoridades del Ministerio del Trabajo, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la Corte Nacional de Justicia, a quienes atribuye una posible actuación articulada para impedir que Villacís asuma la Presidencia de la Judicatura, pese a una decisión judicial vigente.
Un fallo ignorado y decisiones que siguieron su curso
El núcleo del conflicto se remonta a una acción de hábeas data tramitada en Quito. El 24 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila ordenó al Ministerio del Trabajo rectificar de forma inmediata los registros que señalaban una supuesta deuda tributaria de Villacís —calificada como inexistente— y emitir el certificado que la habilitaba para ocupar cargos públicos.
Este doble movimiento —una sentencia no cumplida y decisiones administrativas que avanzan en sentido contrario— se presentó como evidencia de una posible vulneración al principio de supremacía constitucional.
En su escrito, el asambleísta detalla un catálogo de posibles infracciones penales que, a su criterio, deben ser investigadas. Entre ellas menciona:
- El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente
- Fraude procesal
- Omisión de denuncia
- Falsificación informática
- Uso de documento falso
- Tráfico de influencias.
Además, plantea la hipótesis de una actuación coordinada entre funcionarios públicos para afectar derechos individuales y alterar el curso de una decisión judicial.
La renuncia de Villacís
El escenario se complejiza con la renuncia de Alexandra Villacís, presentada el 7 de abril de 2026 al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. En su decisión, la jurista alegó falta de garantías para ejercer el puesto y el incumplimiento del fallo que le reconocía el derecho a asumir la Presidencia del organismo.
Frente a este desenlace, el asambleísta Palacios solicita a la Fiscalía abrir una investigación formal para establecer responsabilidades penales y determinar si existió una intervención coordinada de autoridades para desconocer una sentencia constitucional.