El pasado martes 7 de abril, la organización de policía internacional Interpol determinó dejar sin efecto la orden de captura que pesaba sobre Carlos Ramón González. El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en Colombia se encuentra actualmente establecido en Nicaragua, donde cuenta con el respaldo y resguardo de la administración de Daniel Ortega.
Las investigaciones judiciales señalan a González por su presunta participación en un esquema de corrupción masiva que afectó los fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La reciente resolución de Interpol ha generado preocupación en la Fiscalía General de la Nación, dado que esta medida representa un obstáculo técnico y legal para avanzar en el esclarecimiento del millonario desfalco.
La estructura del desvío de recursos
Dentro del entramado judicial, Carlos Ramón González es identificado como uno de los dinamizadores clave de una red que, de acuerdo con el expediente, habría destinado fondos públicos para asegurar apoyos dentro del Congreso colombiano.
El proceso penal detalla un episodio específico ocurrido en septiembre de 2023. Se alega que, desde las instalaciones del Dapre en el Palacio de Nariño, González Merchán dio instrucciones precisas a Olmedo López para canalizar contratos estatales. Dichos acuerdos, que sumaban 60.000 millones de pesos, habrían sido destinados al entonces presidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez, mientras que otros 10.000 millones de pesos se habrían dirigido a Andrés David Calle Aguas, quien presidía la Cámara de Representantes en ese momento. Los documentos judiciales sugieren que estas ofertas contractuales ya habían sido planteadas con anterioridad a los legisladores.
Imputaciones y situación diplomática
La fiscal María Cristina Patiño fue la encargada de formalizar la acusación ante el Tribunal de Bogotá, imputando a González los delitos de lavado de activos, peculado y cohecho por dar u ofrecer. Pese a la gravedad de los cargos, el exfuncionario ha mantenido una postura de rechazo absoluto frente a las acusaciones desde que se inició el caso.
Resulta relevante mencionar que la captura del implicado nunca se concretó. Aunque en un inicio González informó a los entes investigadores que su domicilio estaba en Bogotá, para el año 2025 se constató que se encontraba en territorio nicaragüense. El proceso para obtener asilo político habría contado con la mediación de figuras diplomáticas en Managua, facilitando que el acusado eludiera la jurisdicción de los tribunales de su país.
Esta coyuntura obliga a las autoridades a rediseñar sus planes de acción jurídica y diplomática. Con el retiro de la circular roja, la posibilidad de que el exjefe del Dapre comparezca ante la justicia para responder por el caso Ungrd permanece en la incertidumbre. Las indagaciones apuntan a que el objetivo principal de la entrega de contratos era garantizar el respaldo legislativo a las reformas gubernamentales impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
Ratificación de la Corte Suprema
A pesar de la decisión de Interpol, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la vigencia de la orden de detención internacional. Mediante un fallo de 23 páginas emitido por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, el alto tribunal respaldó una sentencia previa fechada el 14 de octubre de 2025. El documento judicial enfatiza que esta medida no vulnera la presunción de inocencia del procesado.
El conflicto ha escalado al ámbito diplomático tras el asilo concedido por Nicaragua, una acción que se produjo poco después de que el presidente Petro solicitara formalmente su extradición el 15 de agosto de ese año. El Gobierno colombiano ha insistido en que este requerimiento carece de motivaciones políticas y se basa estrictamente en delitos comunes.
Finalmente, la investigación resalta que González supuestamente coordinó el pago de sobornos en efectivo que alcanzarían los 4 millones de dólares para Name y Calle. Ambos legisladores se encuentran actualmente bajo custodia y privados de su libertad por orden directa de la Corte Suprema, mientras González permanece bajo la protección del gobierno de Ortega en Managua.
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