La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha comunicado oficialmente la solicitud para llevar a cabo una audiencia de imputación de cargos en contra de Alexander Díaz Mendoza, ampliamente conocido por su pseudónimo alias Calarcá. Este individuo es señalado como uno de los líderes de mayor rango dentro de las estructuras de las disidencias de las Farc.
Según detalló la máxima autoridad del ente acusador, esta medida jurídica surge como respuesta a la presunta comisión de graves delitos de lesa humanidad. Se sostiene que el cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf) habría incurrido en estas conductas ilícitas en el contexto de la implementación de la política de Paz Total, la cual es liderada por la administración del presidente Gustavo Petro.
La decisión de la Fiscalía se produce tras una reunión de trabajo con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En dicho encuentro, Camargo enfatizó que no se alcanzó un consenso con respecto a la reactivación de las órdenes judiciales que pesan sobre Díaz Mendoza, lo que motivó el avance de la acción penal de forma independiente.
“La segunda decisión que se tomó es citar formalmente a alias ‘Calarcá’ a una audiencia de imputación de cargos por estas conductas de las que estamos hablando acá (delitos de lesa humanidad en medio de la Paz Total), que nosotros estimamos cometidas luego de que él fuera designado vocero representante y respecto de las cuales tenemos evidencia alguna en los medios estos electrónicos que se incautaron allí en ese retén (de 2024 en Antioquia)”
El requerimiento formal, que ya ha sido entregado en la Casa de Nariño, se apoya en una serie de pruebas técnicas recolectadas por los investigadores en junio de 2024. Durante un operativo de control realizado en la zona de Anorí, se incautaron dispositivos electrónicos que, según el análisis forense, documentan la implicación personal de Calarcá en nuevas actividades criminales, vulnerando así su rol institucional como vocero oficial en los diálogos de paz.
La fiscal Luz Adriana Camargo puntualizó que, aunque es comprensible que las estructuras armadas ilegales no cesen totalmente sus actividades delictivas hasta que se logre un acuerdo definitivo, la conducta individual de los voceros designados debe ser intachable. “El vocero sí no debe cometer delitos”, aseveró con firmeza la funcionaria.
La controversia por la suspensión de capturas
A pesar del avance en la imputación, la Fiscalía recordó que alias Calarcá goza actualmente de una suspensión en sus órdenes de captura. La fiscal Camargo aclaró que el ente que ella preside no posee las facultades legales necesarias para revocar esta condición de manera unilateral.
En sus explicaciones, señaló que existe una compleja discusión jurídica sobre quién tiene la competencia para levantar estas suspensiones. Al analizar la Ley 2272, se observa que la Corte Constitucional ha limitado esta facultad, aplicándola específicamente a estructuras armadas organizadas de alto impacto y no necesariamente a grupos armados organizados bajo una interpretación general.
“Desde la oficina del Consejero Comisionado de Paz, en una tesis que es además sostenida por la Defensora del Pueblo, que la Fiscalía no tiene la facultad de reactivar órdenes de captura que han sido suspendidas, en el marco de diálogos de paz. Que esa facultad estaría solo restringida al levantamiento de esa suspensión para estructuras armadas organizadas de alto impacto”
Bajo esta interpretación legal, compartida tanto por la Defensoría del Pueblo como por el Consejero Comisionado de Paz, la determinación definitiva para que el cabecilla sea capturado depende exclusivamente de la voluntad del Presidente de la República.
En consecuencia, se ha formalizado una petición directa ante el mandatario Gustavo Petro. El objetivo es que se proceda a excluir a alias Calarcá de las mesas de negociación y, simultáneamente, se ordene la reactivación inmediata de sus órdenes de captura por parte de las autoridades competentes.
“Le enumeramos por qué estamos solicitándolo, cuáles son los casos que nosotros hemos podido documentar de delitos que alias Calarcá presuntamente habría cometido después de ser designado vocero representante, que fue tal vez el 15 de enero de 2025”
Es importante destacar que este proceso no solo afecta a Díaz Mendoza. La Fiscalía también ha solicitado acciones similares contra tres miembros del Frente 33 de las disidencias. A estos sujetos se les vincula con:
- Delitos de lesa humanidad.
- Crímenes de guerra.
- Homicidios y desplazamientos forzados.
- Desapariciones y reclutamiento de menores en la región del Catatumbo.
Actualmente, el Ejecutivo nacional ya ha sido notificado de estos requerimientos. La comunidad nacional e internacional se mantiene a la expectativa de una resolución por parte del presidente Petro sobre la permanencia de Calarcá en el proceso de paz.
“Nosotros esperamos que el presidente rápidamente se pronuncie sobre nuestra solicitud. Queremos también que él, de primera mano, conozca qué es lo que se va a hacer”
Para finalizar, la Fiscal General reafirmó que su gestión se mantendrá bajo los principios de institucionalidad y legalidad, evitando conflictos innecesarios de competencia y actuando estrictamente bajo lo que estipula el marco legal vigente.
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