El abogado Alejandro Carranza ha confirmado de manera oficial que ha interpuesto una solicitud de libertad en beneficio del exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. El exfuncionario permanece bajo custodia desde diciembre de 2025, tras ser vinculado a la red de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La argumentación técnica de la defensa se fundamenta en el vencimiento de términos. Según los juristas que representan al exjefe de la cartera de Hacienda, el plazo legal estipulado para que la Fiscalía General de la Nación presentara formalmente el escrito de acusación en su contra ya ha expirado.
A través de su cuenta en la red social X, el abogado Carranza ofreció detalles sobre la situación procesal de su defendido:
“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputacion, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la @FiscaliaCol procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla (sic)”
El ente acusador, por su parte, realizó la radicación del documento el pasado 7 de abril de 2026. El trámite se cumplió ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía sostiene que la actuación se dio dentro del “término previsto” e involucró en la misma pieza procesal al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Cháves, quien también es investigado por los mismos hechos de corrupción.
En el documento presentado por la institución se lee lo siguiente:
“Se adjunta el acta de audiencia de formulación de imputación realizada, el 01 de diciembre de 2025, ante Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, en contra de los procesados de la referencia, en dos (2) folios y un DVD en un (1) folio (sic)”
Cabe recordar que la audiencia de imputación de cargos original incluyó la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario para ambos exministros. Tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco fueron señalados por la presunta comisión de los delitos de:
- Concierto para delinquir agravado
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Cohecho por dar u ofrecer
Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos imputados durante las diligencias judiciales correspondientes.
La defensa de Bonilla ha sido enfática en criticar lo que consideran una demora injustificada por parte del ente acusador. En sus declaraciones, el abogado planteó una interrogante sobre el manejo del caso:
“¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?”
Adicionalmente, se dio a conocer que la Procuraduría General de la Nación ha respaldado la postura de la defensa. El organismo de control solicitó que el exministro sea puesto en libertad para que pueda ejercer su derecho a la defensa fuera del centro de reclusión actual.
Sobre este apoyo, Carranza puntualizó:
“La @PGN_COL pide libertad para el profesor Ricardo Bonilla en la audiencia de #libertad por vencimiento de términos, ya que la fiscalía no radicó la acusación dentro de los 120 días contados a partir de la imputación”
Para sustentar esta petición, se ha invocado el artículo 317, numeral 4, del Código de Procedimiento Penal. Dicha norma estipula que es causal de libertad que transcurran 60 días desde la imputación sin que se radique el escrito de acusación o se pida la preclusión del caso.
El papel de Ricardo Bonilla en la red de corrupción
La tesis de la Fiscalía General de la Nación sostiene que los exministros Bonilla y Velasco habrían tenido roles determinantes en el esquema ilícito. Se les acusa de haber emitido órdenes, realizar seguimientos constantes y participar en reuniones clave para direccionar de forma irregular proyectos de inversión tanto en el Instituto Nacional de Vías (Invías) como en la Ungrd.
Las pesquisas sugieren que estos proyectos eran asignados estratégicamente a ciertos miembros del Congreso. El objetivo de este entramado habría sido asegurar el respaldo legislativo para diversas propuestas y reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Respecto a la magnitud económica del caso, la Fiscalía detalló en un comunicado oficial:
“Los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invías y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses”
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