En una jornada marcada por la incertidumbre institucional, la junta directiva de Ecopetrol determinó el pasado lunes 6 de abril de 2026 que Ricardo Roa deje la presidencia de la mayor compañía petrolera de Colombia. La desvinculación se formalizó mediante una estrategia administrativa que integra un periodo de vacaciones y una posterior licencia no remunerada, pese a que la mayoría del cuerpo directivo fue designado por la administración de Gustavo Petro.
Esta determinación oficializa una fractura profunda en la coalición que dirige la estatal, la cual se ha visto seriamente afectada por las indagaciones judiciales vigentes y diversas presiones políticas que trascienden el ámbito nacional. La inestabilidad interna se agudizó tras la imputación formal realizada por la Fiscalía el 11 de marzo de 2026 contra Roa, de 63 años, por el presunto delito de tráfico de influencias.
El panorama legal del ahora expresidente es complejo, puesto que para el miércoles 8 de abril está programada una diligencia judicial relacionada con supuestas irregularidades y violaciones a los límites de financiación electoral. Las autoridades centran sus sospechas en la compra de un inmueble de alta gama, específicamente el apartamento 901, así como en posibles infracciones financieras que incluso han captado la atención de organismos de control en Estados Unidos.
Llamadas de última hora y tensión en el Directorio
Previo al desenlace, se reportó la cancelación de un encuentro previsto entre el presidente de la República y la junta. Aunque surgieron rumores sobre una reunión anticipada durante el fin de semana, fuentes de la Casa de Nariño negaron tales versiones. No obstante, se conoció que desde el gobierno se realizaron gestiones telefónicas para intentar sostener a Roa en su posición, bajo la tesis de que existía un complot de sectores de derecha para retomar el mando de Ecopetrol en un contexto electoral crítico.
Fractura en la votación y falta de respaldo
El debate decisivo inició formalmente a las 4:00 p.m. Durante la sesión, Ángela María Robledo, quien preside la junta directiva, defendió la tesis de que las acusaciones contra Roa son producto de estrategias políticas y no de fundamentos jurídicos sólidos. Asimismo, Robledo expresó su malestar ante las constantes filtraciones de información interna hacia los medios de comunicación.
En la defensa del directivo también participó Hildebrando Vélez, padre de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien manifestó su respaldo al Ejecutivo y solicitó una votación inmediata para definir el futuro de la presidencia. El resultado del sufragio interno reveló una empresa dividida en dos bloques:
- Votos a favor de la permanencia (5): Ángela María Robledo, Hildebrando Vélez, Alberto Merlano, Tatiana Roa y Carolina Arias.
- Votos en contra de la permanencia (4): César Loza, Juan Gonzalo Castaño, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez.
A pesar de contar con una mayoría mínima, la legitimidad de Ricardo Roa quedó severamente comprometida. Ante este escenario de debilidad interna, el propio Roa planteó las condiciones para su retiro voluntario, argumentando motivos personales y posibles afectaciones en su estado de salud.
Reacción del presidente Gustavo Petro
Mientras se desarrollaba el cónclave directivo, el mandatario Gustavo Petro utilizó su cuenta en la red social X para denunciar presiones externas. Según el jefe de Estado, los movimientos para desplazar a Roa son el resultado de amenazas provenientes de la oposición y de actores internacionales.
“El presidente de Ecopetrol, a quien los miembros que delegué en la junta directiva de Ecopetrol y que son mayoría, piensan sacar transitoriamente, les dije que se asustaron con las amenazas uribistas y de cambio radical de que los gringos buscan sacarlo (sic)”
El mandatario también arremetió contra sus propios delegados en la junta, cuestionando su firmeza ante las presiones:
“Yo dije que jamás he sentido una actitud de Estados Unidos contra Ecopetrol. Aquí tengo representantes míos en las juntas directivas de las empresas públicas que se asustan, no con los gritos de los gringos sino de los uribistas. ¡Ay Dios!, cómo se les ocurre ofrecer en bandeja al presidente de la mayor empresa del país y al mismo presidente de la República a la extrema derecha solo por susto (sic)”
Finalmente, algunos miembros de la junta justificaron la necesidad de reportar cualquier encuentro con el mandatario a las autoridades de Estados Unidos, debido a que el nombre de Petro aún figura en la denominada Lista Clinton. Los directivos manifestaron temor ante posibles sanciones internacionales y daños financieros o reputacionales que podrían afectar el futuro de la compañía estatal.
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