El feriado de Semana Santa volvió a poner en alerta la fragilidad del sistema eléctrico ecuatoriano. Entre el 2 y el 5 de abril de 2026, usuarios de Quito, Guayaquil y otras ciudades reportaron cortes de luz inesperados en distintos sectores, en algunos casos por varias horas, sin que exista hasta ahora un balance oficial que dimensione el alcance real de las interrupciones.
En la capital, al menos ocho barrios del norte registraron apagones la noche del jueves, una situación que se repitió durante el resto del feriado. En el sur, los cortes se extendieron entre dos y cuatro horas, según denuncias ciudadanas.
Más demanda, menos margen: un sistema bajo presión
Los cortes coincidieron con un incremento del consumo eléctrico típico de los feriados, cuando se intensifica la actividad residencial y turística. Este aumento de la demanda ocurre en un contexto en el que el sistema ya operaba con márgenes reducidos.
Especialistas advierten que Ecuador enfrenta un déficit estructural de generación que se arrastra desde al menos 2023. Aunque el Gobierno sostienen que se tomaron medidas para evitar apagones programados, y descarta un escenario de cortes generalizados en el corto plazo, los eventos recientes sugieren que la presión sobre el sistema es cada vez más evidente.
Para el analista energético Darío Dávalos, el sistema está “estresado”, lo que obliga a aplicar cortes para equilibrar la oferta con la demanda. José Alvear Campodónico, experto en sectores estratégicos, coincide en que la generación actual —hidroeléctrica, térmica y otras fuentes— no alcanza a cubrir el consumo nacional. En ese escenario, las desconexiones puntuales sirven para evitar un colapso mayor.
Sin embargo, la ausencia de información oficial convierte estas medidas en episodios impredecibles para la ciudadanía, que termina absorbiendo los efectos de una crisis no reconocida abiertamente.
Dependencia hidroeléctrica y crisis hídrica
El problema radica en la alta dependencia del país de la generación hidroeléctrica, que en condiciones normales representa entre el 70% y el 90% de la producción total de energía. Esta matriz, aunque eficiente en términos de costos, vuelve al sistema altamente vulnerable a las condiciones climáticas.
La falta de lluvias en las zonas clave de generación redujo de forma sostenida los caudales que alimentan las principales centrales. El caso más crítico es el del complejo Paute, en Azuay, que integra Mazar, Molino y Sopladora, con una capacidad conjunta de hasta 1.700 megavatios.
Desde inicios de marzo, el embalse de Mazar descendió 18 metros, pasando de 2.153 a 2.135 metros sobre el nivel del mar. Este descenso no solo reduce la generación, sino que afecta la capacidad de regulación del sistema. Cuando Mazar entra en niveles críticos, el país pierde una herramienta clave para gestionar la oferta energética.
Además, Mazar abastece a otras centrales del complejo, que debieron operar al límite de su capacidad. A esto se suma la situación de Coca Codo Sinclair, la mayor hidroeléctrica del país, con 1.500 megavatios instalados, pero que recientemente produjo apenas 600 megavatios en promedio.
En teoría, la generación térmica debería compensar la caída de la producción hidroeléctrica. No obstante, este respaldo es limitado. Varias centrales térmicas arrastran problemas históricos de mantenimiento, disponibilidad de combustible y eficiencia, lo que reduce su capacidad de respuesta en momentos críticos.
A esto se suma el alto costo de este tipo de generación, que implica un impacto fiscal considerable, especialmente en un contexto donde los combustibles suelen estar subsidiados. Otra alternativa es la importación de energía, principalmente desde Colombia. Sin embargo, esta opción es aparentemente nula desde la guerra comercial entre Ecuador y su país vecino.
Radio Pichincha