El otrora fiscal especializado en delitos de corrupción, José Domingo Pérez, anunció este lunes su incorporación oficial como abogado defensor del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022). Castillo cumple actualmente una sentencia de once años y cinco meses de reclusión tras el intento fallido de golpe de Estado ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2022, un giro profesional que ha provocado diversas reacciones en el panorama político y judicial.
Pérez, reconocido por liderar acusaciones contra figuras de alto perfil como la candidata presidencial Keiko Fujimori y los exjefes de Estado Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), fundamentó su nueva postura legal. El jurista argumenta que su labor se enfocará en cuestionar la condena de Castillo, vinculada a su tentativa de disolver el Congreso de la República, organismo que en aquel entonces buscaba su remoción por múltiples denuncias de corrupción.
“El presidente es un preso político que se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”
Con estas palabras, quien fuera uno de los rostros más mediáticos del Ministerio Público justificó su respaldo legal al exgobernante peruano.
Trayectoria profesional y salida de la fiscalía
La carrera de José Domingo Pérez tomó relevancia internacional al integrarse al Equipo Especial Lava Jato en 2018. Bajo su gestión, se logró una condena de 20 años de cárcel contra Alejandro Toledo por los delitos de lavado de activos y colusión. Además, impulsó procesos por blanqueo de capitales contra Kuczynski y la exalcaldesa capitalina Susana Villarán.
Actualmente, el abogado incursionó en el entorno digital con el programa ‘Mejor con Domingo’, mientras enfrenta una suspensión de sus funciones por seis meses. Esta sanción fue impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC) debido a presuntas faltas administrativas graves cometidas durante el proceso contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien encabeza las encuestas para los comicios del próximo 12 de abril.
La resolución de la ANC determinó que Pérez presentó una acusación carente de sustento fáctico, jurídico y probatorio adecuado. Según el organismo, este comportamiento vulneró los deberes del cargo y perjudicó el debido proceso y la administración de justicia. Posteriormente, en marzo pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) optó por no ratificarlo en su puesto, basándose en un informe de María Teresa Cabrera que recomendaba su salida. La JNJ citó un fallo del Tribunal Constitucional que archivó cargos contra Fujimori, indicando que la omisión de aportes de campaña en 2011 y 2016 no era considerada delito en aquel periodo.
Pese a que el ex-fiscal manifestó su intención de presentar un recurso de reconsideración por su destitución, hoy concentra sus esfuerzos en la representación de Pedro Castillo, quien pretendió intervenir el sistema judicial y convocar a una asamblea constituyente.
Sobre Castillo, cuya familia reside bajo asilo en México, pesan también imputaciones por encabezar presuntamente una organización criminal. Se le investiga por tráfico de influencias agravado, complicidad en colusión y delitos contra la administración pública relacionados con el direccionamiento ilícito de obras estatales.
“Diversas agrupaciones políticas que están en esta contienda electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades”
Finalmente, Pérez se refirió a su propia situación dentro del sistema judicial peruano al justificar su cambio de rol:
“También soy víctima de toda esta componenda mafiosa que gobierna las instituciones en este momento y en ese orden vengo ejerciendo ya mi profesión como abogado”
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