En medio de un clima de alta tensión geopolítica, el Gobierno de Argentina ratificó su determinación de incluir a la Guardia de Revolución de Irán en su lista oficial de agrupaciones terroristas. La medida fue formalizada durante la madrugada mediante su publicación en el Boletín Oficial, reafirmando la postura del Estado frente a las advertencias previas del régimen teocrático iraní.
A través de la resolución conjunta 3/2026, emitida por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se estableció que se cumplen todos los requerimientos “para la inscripción de la organización terrorista Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”. Dicha organización ha sido incorporada al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), fundamentada en los argumentos detallados en los considerandos de la normativa.
La resolución se sustenta en diversos informes de carácter reservado, los cuales presentan evidencia contundente sobre la implicación directa de la organización en maniobras de financiamiento y perpetración de ataques terroristas. Estas investigaciones, lideradas por dependencias técnicas de ambas carteras ministeriales, determinan que los CGRI constituyen una amenaza significativa para la integridad de la nación y la seguridad de sus ciudadanos.
La incorporación al registro no es solo simbólica; implica que el Estado argentino procederá a “congelar los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan” tales actos ilícitos. Asimismo, se faculta a las autoridades para implementar protocolos de prevención y alerta temprana en coordinación con otros países, con el fin de neutralizar posibles amenazas mediante el flujo constante de información.
El documento oficial resalta el compromiso internacional de Argentina, citando su adhesión a tratados clave como la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Estas normativas internacionales obligan al país a establecer marcos legales estrictos para combatir el flujo de recursos hacia el terrorismo, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la gestión de listas de vigilancia.
La dura respuesta del régimen de Irán
La reacción de Teherán no se hizo esperar, manifestando un rechazo tajante a la decisión argentina. Este enfrentamiento diplomático ocurre en un contexto global convulso en el Medio Oriente, donde se observa una creciente actividad militar de Estados Unidos e Israel.
Mediante un comunicado oficial emitido por su representación diplomática en Uruguay, la cancillería de Irán señaló que
“condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino”
, calificando el acto como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El mensaje advirtió además que este paso “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
Esta confrontación escaló tras el anuncio de las sanciones financieras y restricciones operativas ligadas a la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el RePET. Desde la Oficina del Presidente, se argumentó que las labores de inteligencia y las causas judiciales demostraron que ataques históricos, como los perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, “fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní”.
Por su parte, el régimen iraní optó por no responder directamente a las acusaciones de terrorismo, enfocándose en un discurso geopolítico. Según el comunicado, la medida de la administración argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”. Finalmente, Irán acusó al presidente y a su canciller de situarse del
“lado equivocado de la historia”
al actuar como presuntos cómplices de las potencias occidentales en sus acciones militares actuales.
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