La organización Red de Sobrevivientes Perú, liderada por José Enrique Escardó —quien fuera el primer denunciante del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC)—, manifestó este domingo su rotundo rechazo a las recientes disposiciones emitidas por el Vaticano. Estas medidas buscan establecer un canal para recibir nuevas denuncias y gestionar indemnizaciones para las víctimas de los diversos abusos perpetrados dentro de las instituciones creadas por el pederasta Luis Fernando Figari.
Esta postura crítica surge tras la difusión de un comunicado firmado por el sacerdote Jordi Bertomeu, quien funge como comisario responsable de la liquidación de la estructura del Sodalicio. En dicho documento, se estipula un periodo de tiempo limitado, que abarca del 4 al 22 de mayo, para que los afectados acudan a la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima a presentar sus casos.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Peruana se encargó de socializar esta convocatoria, dirigida a aquellas personas que aún no han percibido un resarcimiento considerado como adecuado por daños de índole física, sexual, espiritual o económica. El proceso contempla el uso de bienes incautados a la misma organización para financiar las indemnizaciones, un mecanismo que los sobrevivientes han catalogado como una forma de revictimización.
Cuestionamientos al protocolo de reparación
A través de un pronunciamiento oficial en su portal web, la Red de Sobrevivientes subrayó que, después de un cuarto de siglo (25 años) de batallas legales, investigaciones y testimonios en fueros civiles y eclesiásticos, se les pretende obligar nuevamente a revivir sus traumas en un tiempo extremadamente corto y en un entorno que califican de hostil, refiriéndose a la Nunciatura Apostólica.
“¿Cómo pretende la Iglesia católica reparar revictimizando? (…) La justicia no puede reducirse a un procedimiento unilateral y abusivo con plazos ni a una transacción monetaria en la que se pone precio al dolor. La reparación no es un pago condicionado ni un cálculo administrativo: es un proceso integral que la Iglesia, hasta ahora, parece no entender —o no querer entender— en su verdadero significado”, indica el pronunciamiento.
Para el colectivo de víctimas, la intención de fondo de la Santa Sede es cerrar el capítulo apresuradamente para proyectar una imagen de resolución definitiva ante la opinión pública. Según la Red, esto busca silenciar a los afectados y dar vuelta a la página de forma artificial. Denunciaron que condicionar el resarcimiento a la manera y el tiempo en que se narra el trauma constituye una carga inaceptable, sugiriendo un esquema de ‘si lo cuentas bien, te pagamos’, lo cual consideran una potencial segunda violación a sus derechos humanos.
Los sobrevivientes recalcaron firmemente que no son meros números o estadísticas dentro de un expediente de liquidación financiera. Son seres humanos que han sostenido sus denuncias durante años, anhelando una reparación que sea auténtica no solo en el aspecto económico, sino también en las dimensiones moral, humana e institucional.
“Si no se reconsidera el protocolo poniendo a las víctimas en el centro de la toma de decisiones sobre el procedimiento de reparación integral, terminará siendo un simple cierre administrativo que permitirá a la Iglesia católica pasar la página sin asumir plenamente su responsabilidad mientras vulnera nuevamente los derechos humanos de los sobrevivientes. La verdad y la justicia no deberían tener fecha de vencimiento”, zanja el comunicado.
Abusos económicos y antecedentes del caso
El alcance de la medida vaticana no se limita a delitos sexuales, sino que abarca denuncias por irregularidades y malos manejos económicos. Entre estos incidentes destacan las quejas de los campesinos de Catacaos, en la región de Piura, quienes acusan el despojo de aproximadamente 10.000 hectáreas de tierra por parte de firmas vinculadas al Sodalicio, operaciones que se habrían dado bajo la gestión de José Antonio Eguren, quien se desempeñó como arzobispo de dicha jurisdicción hasta el año 2024.
La trama de abusos salió a la luz de forma masiva en 2015 con la publicación del libro de investigación ‘Mitad monjes, mitad soldados’, escrito por los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz. Tras el escándalo, el papa Francisco procedió con la expulsión de Luis Fernando Figari y de más de quince integrantes de la cúpula por abusos sexuales, incluyendo casos contra menores de edad. Finalmente, en enero de 2025, el Sumo Pontífice decretó la disolución total de la organización.
De acuerdo con registros actualizados hasta abril de 2025, el Sodalicio de Vida Cristiana ha efectuado 98 indemnizaciones que suman un monto de 6,5 millones de dólares. De estas, 37 correspondieron a casos de abuso sexual (repartidas entre 20 adultos y 17 menores) y 61 a otros tipos de maltrato. El actual papa León XIV, de doble nacionalidad estadounidense y peruana, ha mantenido la línea de acción iniciada por su predecesor en este caso.
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