Ante la amenaza inminente de daños que podrían resultar irreversibles para su integridad física y derechos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad vinculada a la OEA, ha formalizado una petición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para extender medidas de protección en beneficio de cinco opositores nicaragüenses actualmente privados de su libertad. Esta solicitud responde a lo que el organismo califica como una persecución sistemática ejecutada por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual ha afectado a más de cien críticos durante los últimos ocho años.
El grupo de ciudadanos para quienes se demanda este amparo internacional incluye a figuras de relevancia pública en Nicaragua:
- Álvaro Baltodano Cantarero: General en servicio pasivo, exasesor de la presidencia y antiguo delegado de inversiones del gobierno de Ortega.
- Álvaro Baltodano Monroy: Empresario e hijo del exgeneral mencionado.
- Carlos Brenes: Coronel en retiro.
- Salvadora Martínez: Esposa del coronel Brenes.
- Larry Martínez: Activista de la oposición.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Nicaragua ha señalado a estos individuos como presuntos responsables de crear
“20 sociedades de papel”
con el fin de ejecutar lavado de activos y evasión de impuestos. No obstante, la CIDH subraya que la urgencia del caso se acentúa debido a que tres de los detenidos superan los 65 años de edad, lo que representa un riesgo crítico para su salud. Estos hechos han sido respaldados por el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, organización que opera desde Costa Rica.
La incertidumbre sobre el estado actual y el sitio de reclusión de los disidentes ha encendido las alarmas en el ámbito internacional. Según los reportes documentados por la CIDH, tanto Baltodano Cantarero como su hijo se encuentran en el complejo penitenciario conocido como La Modelo. Esto tras haber permanecido en condición de desaparecidos por un lapso superior a los cinco meses, tiempo durante el cual habrían carecido de una atención médica especializada.
La situación es todavía más incierta para el coronel Brenes, su cónyuge y Larry Martínez. La Comisión ha denunciado que sus paraderos exactos son desconocidos desde el momento de su captura, un escenario que eleva exponencialmente la posibilidad de que se cometan violaciones graves a sus derechos humanos.
Basándose en el artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 27 del Reglamento correspondiente, el organismo regional enfatizó que el Estado nicaragüense ha guardado silencio. No se han reportado acciones para mitigar los peligros descritos ni se han presentado informes sobre el progreso de las investigaciones judiciales. Por ello, la CIDH insta a la Corte IDH a ordenar la salvaguarda inmediata de la vida, salud y libertad de los cinco ciudadanos, exigiendo además un reporte oficial sobre su ubicación.
Contexto de la crisis institucional y la respuesta global
Es importante destacar que las medidas provisionales emitidas por la Corte IDH poseen un carácter vinculante y obligatorio, destinadas únicamente a casos donde la gravedad y la urgencia están plenamente demostradas. Este nuevo requerimiento ocurre en medio de una crisis sociopolítica que se arrastra desde abril de 2018 y que se agudizó tras el proceso electoral del 7 de noviembre de 2021.
En dicha contienda, Daniel Ortega —quien se encamina a los ochenta años de edad y ejerce el poder ininterrumpidamente desde 2007— obtuvo un quinto mandato presidencial. Este proceso fue cuestionado globalmente debido a que los principales contendientes fueron encarcelados o forzados al exilio. Actualmente, cerca de un centenar de voces críticas permanecen bajo procesos judiciales, habiendo sido despojadas de su nacionalidad y derechos civiles bajo la acusación de
“traición a la patria”
.
Finalmente, la CIDH reiteró que sus intentos por obtener información oficial de las autoridades en Nicaragua han sido infructuosos, sin que hasta la fecha existan evidencias de que el Estado esté cumpliendo con su deber de investigar los hechos o proteger a los detenidos en situación de vulnerabilidad.
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