Dos concursos públicos de elección de autoridades que no concluyan antes del 29 de noviembre de 2026 se declararían desiertos en el caso de que el electorado apruebe la pregunta de referéndum que propone enmendar la Constitución para que esta atribución no sea del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sino de la Asamblea Nacional.
Por unanimidad, el pleno de nueve jueces de la Corte Constitucional (CC) emitió el 19 de marzo de 2026 un dictamen favorable a una iniciativa de enmienda a la Constitución que planteó el presidente de la República, Daniel Noboa, para que la facultad de designar autoridades ya no pertenezca al CPCCS, sino que vuelva a la Legislatura.
La pregunta textualmente señala:
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La aprobación de esta propuesta por parte de la CC se da en un contexto en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar los comicios seccionales y de los siete vocales del CPCCS ocho meses, por la predicción de un fenómeno de El Niño.
Con base en las disposiciones establecidas en el Código de la Democracia, el CNE aprobó en febrero pasado, que las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y los siete del CPCCS se harían el 14 de febrero de 2027.
Con el augurio de un fenómeno climatológico, se acudirá a las urnas el 29 de noviembre de 2026.
La Constitución establece en el artículo 106 que —una vez que haya dictamen de constitucionalidad— quien ejerza la presidencia debe emitir un decreto ejecutivo con el que disponga al Consejo que se convoque a elecciones.
“(…) Una vez que el Consejo Nacional Electoral conozca la decisión del presidente de la República se convocará en el plazo de quince días a referéndum, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días”.
En ese sentido, el mandatario Daniel Noboa podría firmar el decreto para que esta papeleta se incluya en los comicios seccionales del 29 de noviembre.
La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, mencionó en una entrevista en un portal digital que es posible incluir esa papeleta en noviembre y que lo conversará con el presidente.
Esa pregunta “debería entrar, porque hay un pronunciamiento de la Corte que, depende del decreto que debe emitir el presidente, y comunicarnos. Ese tema está pendiente, lo conversaré con el presidente de la República porque lo óptimo sería que ingrese esa papeleta en las elecciones seccionales. Hay que coordinar con el Ejecutivo para que el decreto coincida con los plazos”, expresó Atamaint.
De concretarse esta posibilidad, y que la pregunta obtenga el favor popular, habrá dos efectos inmediatos en el funcionamiento del Estado: los concursos que estén en marcha se declararán desiertos y las autoridades que se encuentren en funciones se prorrogarán hasta que la Asamblea Nacional designe a los nuevos perfiles.
Esto consta en el anexo del proyecto de enmienda constitucional que incorpora una disposición general que expresa: “declarar desiertos todos los procesos de designación que se están llevando a cabo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la fecha de la publicación de los resultados del referéndum constitucional en el Registro Oficial”.
Bajo ese panorama, en el CPCCS hay dos concursos públicos que están en efectuándose.
El concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral de dos vocales principales y sus suplentes que viene haciéndose desde el 2022.
Los consejeros electorales actuales asumieron funciones en noviembre de 2018, por lo que en el 2021 correspondía el cambio de dos consejeros principales y suplentes; y, tres años más tarde, en noviembre de 2024, debía hacerse la renovación de los tres consejeros restantes.
Consecuencia de esto, los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Elena Nájera y Esthela Acero, además de los suplentes, están actuando en funciones prorrogadas.
Hay una comisión ciudadana (de diez personas) que está haciendo el proceso de selección de los dos consejeros y se encuentra en la preparación de la toma del examen escrito y práctico para 163 aspirantes.
En un nuevo calendario que aprobaron los comisionados, estiman que a finales de junio haya dos nuevos vocales en el CNE.
El otro proceso de selección es el de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que debía hacerse antes del 8 de abril de 2025, para escoger al reemplazo de la exfiscal Diana Salazar, actual embajadora de Ecuador en Argentina.
En la víspera, una comisión ciudadana está haciendo el concurso que se encuentra en la fase de admisibilidad con 27 aspirantes; aún faltan las etapas de méritos, impugnación ciudadana y oposición, en ese orden.
El reglamento da cuatro meses, “plazo fijo”, con una prórroga de dos meses para que se elija a la autoridad. Se prevé que se concretaría entre julio o agosto.
O sea que estos dos concursos deberían terminar antes del posible referéndum, entonces no se los declararía desiertos.
Otros cinco concursos pendientes y sin definiciones
Hay otros cinco procesos de selección de autoridades que se abrieron en el 2022 sin avances. Por ahora, el pleno del CPCCS decidió que se contrate a personas externas para que sean parte de equipos técnicos que analicen el estado de estos procedimientos.
Se trata de la elección de cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), principales y suplentes. Los actuales, ejercen funciones prorrogadas.
Defensoría del Pueblo, que tiene a César Córdova, que ocupa ese cargo como encargado desde el 2021.
El Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras.
Elección de 25 delegados para los cinco Consejos Nacionales de Igualdad.
Los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria.
De haber la votación de este referéndum y que obtenga el 50 % más uno de apoyo popular, según la proclamación de resultados empezará a correr un plazo de 180 días para que el jefe de Estado remita los proyectos de ley reformatorios que regulen los cambios para la implementación de la enmienda.
Luego, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de 365 días, desde la publicación de los resultados del referéndum en el Registro Oficial, para aprobar las leyes reformatorias.
Se permitirá una prórroga de hasta 90 días, según consta en la disposición primera del proyecto de enmienda.
En tanto esto se concreta, “todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo, se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas”.
Con este último escenario, las autoridades que se quedarían prorrogadas serían:
Leonardo Alarcón, fiscal general subrogante
Los vocales del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera.
Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Joaquín Viteri, Ángel Torres y Patricio Maldonado.
El defensor del Pueblo, César Córdova
El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, concluye su periodo de cuatro años en noviembre de este 2026.
fuente El universo