El proceso de vigilancia ciudadana al concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado enfrenta un quiebre interno. La veeduría conformada para supervisar este proceso comenzó a desintegrarse tras la renuncia de varios de sus integrantes, incluidos coordinadores, en medio de denuncias sobre falta de transparencia, conflictos internos y presuntos bloqueos a su labor.
La mañana de este 2 de abril de 2026, la Secretaría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) recibió múltiples documentos de dimisión de ciudadanos que decidieron apartarse de este mecanismo de control, que en cifras oficiales llegó a integrar a 324 personas. Sin embargo, hasta ahora no existe claridad sobre cuántos de ellos participaban activamente ni cuántos permanecen en funciones.
Denuncias de bloqueo, división y agendas paralelas
Entre las renuncias destaca la de Hugo Arteaga, quien ejercía como coordinador de la veeduría. Él había presentado previamente un informe ante el Pleno del Cpccs en el que advertía irregularidades en la conformación de la comisión ciudadana encargada de organizar el concurso.
En su carta de renuncia, Arteaga denunció que su trabajo se vio obstaculizado por la falta de convocatorias a reuniones clave. Además, por la negativa de otros veedores a compartir información relevante. Según señaló, existió una suerte de “bloqueo interno” protagonizado por un grupo de integrantes que, a su criterio, mantenían una línea de respaldo a la institución.
Las tensiones dentro de la veeduría no son recientes. En enero pasado, una ciudadana identificada como Yadira Cadena presentó ante el Pleno del Cpccs un informe individual en el que defendió la transparencia en la integración de la comisión ciudadana. En ese mismo espacio, solicitó a los consejeros que se declare que Hugo Arteaga se había extralimitado en sus funciones como coordinador.
Arteaga, por su parte, advirtió en su renuncia que las condiciones actuales ponían en riesgo su responsabilidad y credibilidad profesional. “Existen hechos que pueden afectar mi trabajo, mis valores y el respeto ganado”, señaló.
Silencio institucional
Pese a la gravedad de las denuncias y la salida de varios veedores, el Cpccs no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación. Tampoco informó cuántas renuncias se presentaron ni cuántos integrantes siguen activos.
Este vacío de información se produce en paralelo al avance del concurso. El miércoles anterior concluyó el plazo de tres días para que 48 de los 75 postulantes excluidos soliciten la reconsideración de su inadmisibilidad. Sin embargo, la comisión ciudadana tampoco ha transparentado cuántas solicitudes fueron ingresadas.