La Santa Sede ha formalizado la apertura de una oficina técnica en Lima con el fin de gestionar las indemnizaciones económicas para los afectados por el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). Esta medida surge tras la disolución de la organización y el decomiso de su patrimonio, en el marco de lo que se considera el mayor escándalo de abusos en la historia de la Iglesia en Perú.
La información fue ratificada por Jordi Bartomeu, quien se desempeña como comisario apostólico encargado de la supresión definitiva del SVC. A través de un pronunciamiento oficial en el portal de la Conferencia Episcopal Peruana, se precisó que el objetivo central es garantizar justicia para quienes sufrieron agresiones dentro de esta estructura apostólica.
Se ha establecido que, entre el 4 y el 22 de mayo de 2026, funcionará un denominado
“canal de primera escucha”
en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica del Perú. Este mecanismo está diseñado específicamente para atender a las víctimas que, hasta la fecha, consideren que
“no recibieron una reparación adecuada”
por los daños sufridos bajo la tutela de la institución.
El marco de compensación detallado por el Vaticano es amplio e incluye el resarcimiento por actos de violencia física, sexual y espiritual, especialmente cuando se haya instrumentalizado la dirección espiritual para fines externos. Asimismo, se contempla la reparación por abusos de conciencia derivados de dinámicas sectarias, así como faltas de autoridad que involucran acoso laboral, ocultamiento de delitos institucionales, acceso ilícito a comunicaciones privadas y perjuicios financieros directos.
El cronograma de liquidación, que dio inicio formal en enero de 2025, contempla la revisión exhaustiva de las denuncias contra el fundador del grupo, Luis Fernando Figari —identificado como pederasta— y otros dirigentes señalados. El proceso no solo busca justicia administrativa, sino asegurar que los fondos incautados lleguen a manos de los sobrevivientes mediante una gestión legal transparente de las entidades disueltas.
Para participar en este proceso, los interesados deben concretar una cita previa vía telefónica al número +51 913200064 o remitir un correo a la dirección [email protected]. Es requisito indispensable adjuntar identificación personal y pruebas documentales de respaldo, ya que la Santa Sede ha enfatizado que no se procesarán testimonios anónimos ni trámites efectuados por terceros o en representación de personas fallecidas.
La Santa Sede advirtió que el plazo máximo para la recepción de nuevas solicitudes de compensación vence el 22 de mayo, fecha tras la cual el sistema se cerrará definitivamente. Una vez admitido y evaluado el caso, el tiempo de respuesta estimado para conocer el dictamen oficial de la evaluación será de al menos tres meses.
Antecedentes y desmantelamiento de la estructura
Esta fase de reparación se suma a las determinaciones previas adoptadas por el Papa Francisco, quien a principios de 2024 ordenó la expulsión de Figari y otros miembros clave, además del desmantelamiento de las cuatro instituciones ligadas al Sodalicio. El Pontífice argumentó que estas agrupaciones carecían de un carisma genuino de origen divino y representaban un riesgo estructural para sus integrantes.
El Sodalicio de Vida Cristiana, instaurado en 1971, consolidó un poderío económico valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares. Sus inversiones abarcaron los rubros inmobiliario, minero, sanitario, industrial y educativo. No obstante, diversas auditorías apuntan a que la organización utilizó jurisdicciones en Panamá y las Islas Vírgenes para facilitar presuntas operaciones de lavado de activos.
Pese a estos avances, algunos sectores mantienen sus reservas sobre el proceso. En noviembre pasado, la Red de Sobrevivientes Perú cuestionó la efectividad de la medida, tildándola de una “mentira” y una
“supresión nominal”
. Los representantes del colectivo solicitaron a la Iglesia reformas profundas en el Código de Derecho Canónico para evitar que se repitan esquemas de encubrimiento sistémico.
Jose Enrique Escardó, quien fue el primer denunciante público de los abusos en el SVC, manifestó su preocupación de que la institución simplemente esté trasladando a los agresores de lugar, perpetuando el silencio. No obstante, el comisario Bartomeu ha asumido también el control de la situación de los sacerdotes que antes respondían directamente a Figari, quien permanece actualmente en un sanatorio para ancianos en la ciudad de Roma.
El destino de estos clérigos será analizado de forma individual por la Santa Sede antes de que puedan ser integrados a nuevas diócesis. La nota oficial advierte que cualquier obispo que haya procedido con la incardinación de estos sacerdotes sin el aval previo del Vaticano deberá regularizar su situación de inmediato con el comisario apostólico.
Finalmente, la Santa Sede emitió un llamado enérgico a las instituciones, personas jurídicas y particulares para que se abstengan de intervenir en este proceso de justicia. El comunicado recalca la importancia de evitar cualquier comportamiento que obstaculice las tareas de reparación integral que se pretenden ofrecer a las víctimas afectadas por décadas de abusos institucionales.
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