El Ejecutivo ha proyectado que el venidero proceso de regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros podría atraer unas 750.000 peticiones. Pese a este elevado volumen de trámites iniciales, las autoridades estiman que los beneficiarios directos serán aproximadamente 500.000 personas. Dentro de estas proyecciones, se calcula que 300.000 individuos obtendrán su estatus legal mediante una vía específica diseñada para quienes han solicitado protección internacional, siempre que su ingreso al territorio español haya ocurrido antes del 1 de enero de este año.
Por otro lado, cerca de 200.000 personas adicionales corresponderían a extranjeros que, habiendo ingresado antes de la misma fecha límite, acrediten una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses al momento de formalizar el trámite oficial.
Estas cifras se fundamentan en experiencias administrativas previas, específicamente en la regularización aplicada tras la catástrofe de la DANA en Valencia. En aquel entonces, la cantidad de postulantes fue un 143% superior al número de beneficiarios finales, una brecha que se debió principalmente a la presentación de documentos duplicados o al incumplimiento de los requisitos exigidos por la norma.
Ajustes en los requisitos para facilitar el proceso
Ante la magnitud del proceso, el Gobierno ha diseñado una estrategia administrativa capaz de absorber un flujo de trámites un 150% superior a los beneficiarios previstos. El objetivo central es estar preparados para una carga de trabajo intensa, considerando que el dispositivo debe gestionar un volumen de solicitudes mayor al de personas que finalmente cumplirán todas las condiciones.
En relación con los permisos por arraigo, la cifra de 200.000 autorizaciones estimadas parte del histórico de permisos otorgados en los últimos tres años. No obstante, en esta ocasión se ha decidido aplicar una flexibilización normativa considerable, lo cual busca ampliar el impacto real y el alcance de esta medida migratoria.
Una de las modificaciones más relevantes contempladas en el nuevo decreto es la reducción del tiempo de estancia exigido para demostrar el arraigo, el cual pasará de los actuales dos años a solo cinco meses. Asimismo, se implementará un criterio más permisivo respecto a los antecedentes penales. Es importante destacar que, bajo la nueva normativa, quedarán excluidos quienes ya posean una solicitud de residencia y empleo en trámite, un grupo que suma unos 180.000 expedientes pendientes para el cierre de 2025.
Para garantizar la equidad y evitar desigualdades, los solicitantes de asilo con trámites en curso sí podrán participar de este proceso. En estos casos, se aplicará un sistema de tramitación preferente que resolverá de manera favorable y automática, siempre que el interesado no represente un riesgo para la seguridad pública, la salud o el orden público, y carezca de antecedentes penales. Este método busca descongestionar el sistema de extranjería, que actualmente arrastra una mora de decenas de miles de procesos acumulados.
Tiempos de respuesta y permisos inmediatos
El nuevo decreto se encuentra actualmente bajo análisis del Consejo de Estado y se está gestionando por la vía de urgencia, por lo que su aprobación oficial podría producirse a lo largo de este mismo mes. El esquema operativo establece plazos acelerados: apenas 15 días para la admisión inicial y un tope de tres meses para la resolución definitiva de cada caso.
Una vez que se inicie formalmente el trámite y se realice el pago de la tasa correspondiente, los solicitantes recibirán un permiso provisional de residencia y trabajo mientras se aguarda la decisión final de las autoridades migratorias.
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