Mauricio Torres, contralor general del Estado, defendió los exámenes especiales que se realizan a los jueces de la Corte Constitucional (CC) y aseguró que se ejecutan de manera técnica y profesional.
El funcionario detalló que estos procesos no son nuevos y que se desarrollan desde 2025 para seis magistrados: Tres exámenes ya terminaron, otros tres están en ejecución y más adelante se iniciarán tres más, para completar la auditoría a los nueve jueces de la CC.
Cabe destacar que, precisamente el año pasado, cuando iniciaron las auditorías, comenzó una campaña de desprestigio contra los jueces de la CC, a quienes el Gobierno calificó como “enemigos del Ecuador” por acoger demandas de inconstitucionalidad sobre las leyes impulsadas por el Ejecutivo, como la de Integridad Pública y una en materia de seguridad.
El 12 de agosto de 2025, por ejemplo, el presidente Daniel Noboa movilizó más de 700 buses desde diferentes partes del país para que la ciudadanía participe de una manifestación contra los magistrados en Quito.
En esa medida de hecho, incluso se colocaron enormes pancartas con sus fotografías y un título que decía: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
Ese día, el mandatario enfatizó: “No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus rostros ante toda la sociedad”.
Sin embargo, para el contralor Mauricio Torres, los exámenes especiales a los magistrados de la CC no tienen relación con temas políticos y, más bien, responsabilizó a los propios jueces de politizar el trabajo del ente de control.
Jueces Ali Lozada y José Luis Terán
Respecto a los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) contra los jueces Ali Lozada y José Luis Terán, el titular de la Contraloría mencionó que esto se debe a que sus declaraciones no coinciden con lo examinado en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y patrimonios.
Mauricio Torres detalló que los funcionarios auditados tienen facilidades para justificar las inconsistencias encontradas e incluso pueden enviar contadores o abogados para que conversen con el auditor.
Ahora los IRP están en manos de la Fiscalía, que, según Torres, deberá abrir una investigación y convocar a los auditados para que ejerzan su defensa.
Los jueces están siendo examinados en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2025.