Las autoridades judiciales de Argentina han emitido una orden formal de aprehensión con el objetivo de extraditar al excombatiente chileno Galvarino Sergio Apablaza. El sujeto es señalado como uno de los responsables en el atentado que terminó con la vida del senador Jaime Guzmán en el año 1991. A pesar del despliegue policial en su residencia ubicada en Moreno, provincia de Buenos Aires, los agentes confirmaron que el procesado, quien ha vivido como asilado en suelo argentino por décadas, no se encontraba en el sitio.
Ante esta situación, el titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Claudio Alvarado, instó públicamente a la administración del presidente Javier Milei a realizar los “mayores esfuerzos” para localizar el paradero de Apablaza. A través de un pronunciamiento oficial, se detalló que el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha contactado a su contraparte argentina para monitorear de cerca el operativo de búsqueda y asegurar la comparecencia del implicado ante la justicia.
Un proceso judicial de larga data
La disposición legal fue suscrita por la magistrada María Servini, integrándose a un expediente que inició en el año 2010. En aquel entonces, las gestiones para su extradición fueron frenadas debido a que el gobierno de Cristina Kirchner le concedió la condición de refugiado político. No obstante, dicho estatus fue retirado posteriormente durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, permitiendo que el proceso judicial retomara su curso legal.
Es importante recordar que sobre Galvarino Sergio Apablaza también pesan acusaciones por el secuestro de Cristián Edwards, hijo del entonces dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards. La reciente orden de captura surge después de que la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificara la solicitud enviada desde Chile. Aunque el reclamo formal del país trasandino data de 2004, diversos factores políticos mantuvieron el caso sin avances significativos durante más de una década.
La jueza María Servini fundamentó su decisión en la necesidad de cumplir con los tratados internacionales de cooperación tras la revocación definitiva de los beneficios que protegían al exguerrillero. El cambio de postura del Estado argentino, que pasó de otorgar asilo político bajo la gestión de Cristina Kirchner a retirarlo con Mauricio Macri, ha sido la pieza clave para que la justicia chilena vea una oportunidad real de juzgar a Apablaza por los crímenes cometidos a inicios de la década de los 90.
Además de la muerte de Jaime Guzmán, el expediente detalla la participación del acusado en crímenes que conmocionaron a la sociedad chilena, como el rapto de Cristián Edwards. La validación de la Cámara Federal de Casación Penal representa el fin de un estancamiento jurídico que se prolongó desde el año 2004, marcando un hito en la relación bilateral en materia de justicia penal entre ambas naciones sudamericanas.
Coordinación de fuerzas de seguridad
Durante un encuentro con los medios, el director de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Serna, ofreció detalles sobre la colaboración internacional:
“Hoy se emitió por parte de la Policía Federal Argentina la orden de captura, la orden de detención contra Apablaza. Estamos coordinados entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, Alejandro Del Río, y también a través de nuestra sede en Interpol, para poder articular y gestionar”.
El jefe policial subrayó que los preparativos para este escenario comenzaron desde el momento en que el sospechoso perdió su estatus de refugiado. Serna lamentó que el arresto no se concretara en el primer intento, pero aseguró que el intercambio de datos es constante:
“Lamentablemente, no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos los esfuerzos, colaborando desde Chile en articulación permanente, en comunicación continua, en conversaciones permanentes y cruzando información para poder articular, lograr y materializar la detención y tener la extradición respectiva”.
Asimismo, el director de la PDI confirmó que la logística para el traslado del prófugo ya está plenamente organizada:
“Tenemos también articulados los medios logísticos para traerlo a Chile, así que solo vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para el tiempo más breve posible, materializar la detención del prófugo de la justicia”.
En el ámbito diplomático, el canciller Pablo Quirno recibió ayer las credenciales de Gonzalo Uriarte Herrera, nuevo embajador chileno en Argentina. Durante el acto, se resaltó que la relación entre ambos países entra en una etapa de profundo fortalecimiento, impulsada por las visiones de los presidentes Milei y Kast, lo que podría agilizar la resolución de casos judiciales pendientes como el de Apablaza.
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