La reconocida periodista y escritora María O’Donnell ha publicado su cuarto libro dedicado a la guerrilla peronista, titulado Montoneros, una historia visual. Se trata de su propuesta más extensa y profunda hasta el momento, pues a diferencia de sus obras anteriores que enfocaban sucesos específicos, esta vez recorre la cronología íntegra de la organización. La autora ya había explorado este universo en Born (2015), centrado en el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, seguido por Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). En esta nueva entrega, el relato viaja desde el rapto y ejecución de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la disolución de la agrupación a inicios de la década de los ochenta, analizando cómo la que fue la guerrilla urbana más influyente de la región terminó por desaparecer.
El libro no solo destaca por el rigor de su investigación en un momento de intenso debate político, sino por su potente narrativa gráfica. El diseñador Fernando Rapa fue el encargado de ensamblar el texto con una vasta recopilación de documentos históricos, fotografías, volantes, tapas de revistas y archivos de inteligencia, muchos de los cuales ven la luz por primera vez.
El surgimiento del brazo armado
En el cuarto capítulo de la obra, la autora se sitúa en el año 1975, un periodo donde los Montoneros alcanzan su mayor despliegue bélico mientras su cúpula parece desconectarse del pulso social del país. En aquel entonces, Jorge Rafael Videla debutaba como líder del Ejército. El diario La Opinión adelantaba los movimientos que vendrían:
“Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.
Bajo este clima, el 5 de octubre, hizo su aparición formal el Ejército Montonero, caracterizado por el uso de uniformes —chaqueta, pantalón y gorra en color azul—. La operación elegida fue el asalto al Regimiento 29 de Infantería del Monte, ubicado en Formosa, cerca del límite con Paraguay. Para ejecutarlo, secuestraron una aeronave de Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta Buenos Aires-Corrientes, desviándola hacia el aeropuerto formoseño. Mientras trece guerrilleros custodiaban el Boeing 737, otro grupo de veintiséis integrantes se movilizó en seis vehículos hacia el cuartel militar. Contaron con la ayuda de un soldado que facilitó el ingreso, pero el enfrentamiento fue sangriento: los guardias, mayoritariamente conscriptos de 18 y 19 años, ofrecieron una resistencia inesperada.
La crónica interna de los Montoneros sobre aquel suceso describe la crudeza del combate:
“Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.
El saldo de la confrontación incluyó las muertes del oficial Ricardo Massaferro, del sargento Víctor Sanabria y de diez jóvenes reclutas. En el bando guerrillero, doce personas perdieron la vida, mientras que los sobrevivientes huyeron en el avión hacia una pista clandestina en Rafaela, Santa Fe. El regimiento terminó con un total de veinticuatro cadáveres y, poco después, el Ejército asesinó a tres civiles del área que no tenían relación con el ataque.
A pesar de que el objetivo de sustraer doscientos fusiles fracasó (solo obtuvieron cincuenta), la publicación Evita Montonera calificó la acción como una
“Victoria del Ejército Montonero”
. La organización mostró una clara disociación de la realidad al evaluar la incursión como un éxito, limitando su autocrítica al
“bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”
, ignorando el rechazo público que generaba su violencia.
Legislación y castigos internos
El violento episodio en Formosa sirvió como catalizador para que el estamento militar expandiera su accionar represivo a escala nacional. Ante la licencia de Isabel Perón, el presidente en funciones, Ítalo Luder, firmó el decreto que permitía
“las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”
. Esto amplió el objetivo de las fuerzas estatales de la ERP hacia los Montoneros.
La historiadora Marina Franco señala que este endurecimiento contó con una amplia aceptación política:
“Los acontecimientos son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.
En este escenario, el radical Hipólito Solari Yrigoyen fue una de las pocas voces que denunció públicamente el uso de la tortura y métodos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. La respuesta de los Montoneros ante esta amenaza fue paradójica; por un lado, reconocieron el peligro, pero por otro, intentaron minimizarlo afirmando que la tortura
“es un combate y se puede ganar”
.
A través de Evita Montonera, la organización difundió cifras internas asegurando que el 95% de casi mil “compañeros caídos” había resistido los interrogatorios con éxito. Se impuso el silencio absoluto como una obligación ética inquebrantable, sentenciando que
“no hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”
.
En octubre de 1975, se formalizó el Código de Justicia Penal Revolucionario, eliminando cualquier margen de tolerancia previo que permitía hablar tras 24 horas de resistencia. El nuevo estándar era el héroe absoluto: sin importar la duración o intensidad del suplicio, revelar cualquier dato se consideraba traición.
La agrupación incluso proporcionaba manuales de conducta para los detenidos: evitar el silencio total, mantener una coartada sólida, desconfiar de los interrogadores, no usar jerga militante, entregar direcciones de viviendas sin valor estratégico y exagerar los gestos de dolor para que el castigo cesara al creer que el reo ya no resistía más.
Finalmente, este estricto código —que incluía delitos como “conspiración” e “insubordinación”— fue utilizado para silenciar las críticas internas. Las sanciones para quienes fallaran a la organización iban desde la degradación y el destierro hasta los trabajos forzados y el fusilamiento, otorgando a la cúpula el poder de aplicar la pena de muerte bajo el cargo de delación, justo cuando la represión externa alcanzaba sus niveles más oscuros.
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