El establecimiento del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar responde a una necesidad histórica de visibilizar las peticiones y los múltiples retos que enfrentan las personas dedicadas a las labores domésticas en viviendas ajenas. Esta fecha conmemorativa busca generar conciencia en la sociedad civil sobre el imperativo de asegurar condiciones laborales dignas, una remuneración salarial justa y el acceso efectivo a la seguridad social para un colectivo que ha sido marginado de manera sistemática.
La oficialización de esta efeméride ocurrió en el año 1988. Tuvo su origen en un encuentro de carácter regional desarrollado en la ciudad de Bogotá, Colombia. En dicha cita, diversas representantes del sector provenientes de naciones de América Latina y Europa determinaron que el 30 de marzo sería el día propicio para exigir el reconocimiento integral de sus derechos ciudadanos y laborales.
Desde aquel momento, esta jornada ha contado con el respaldo de entidades de peso global, entre las que destaca la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Historia y contexto de la reivindicación
La iniciativa de instaurar un día global para este sector surgió específicamente durante el Primer Congreso de Trabajadoras del Hogar celebrado en la capital colombiana en 1988. Durante el desarrollo de este evento, las delegadas de asociaciones y sindicatos latinoamericanos y europeos consensuaron fijar el 30 de marzo como una plataforma de lucha y reivindicación constante.
Información proporcionada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que en el planeta existen actualmente más de 75 millones de personas que se desempeñan en el servicio doméstico. De esta cifra, se estima que el 80 % son mujeres. La OIT ha sido enfática al señalar que esta labor se ejecuta, en su gran mayoría, bajo condiciones de informalidad y sin el respaldo de un marco legal apropiado.
La adopción de esta fecha se ha dado de forma paulatina en diversos Estados, con un énfasis marcado en América Latina. En esta región, la cantidad de empleadas domésticas en relación con el universo total de mujeres con empleo es notablemente elevada. Además, el día busca exponer las brechas de género y la carencia de protección social que golpea al rubro, donde son comunes las jornadas extensas, los salarios reducidos y la falta de beneficios de ley.
Un hito fundamental ocurrió en 2011, cuando la OIT aprobó el Convenio 189. Este es un tratado internacional que define los estándares mínimos para salvaguardar los derechos y la protección social de quienes laboran en casas particulares. Este logro representó un punto de inflexión en el reconocimiento mundial de esta actividad, tras décadas de presión ejercida por grupos defensores de derechos humanos y colectivos de trabajadoras.
Progresos a nivel global y obstáculos vigentes
La implementación del Convenio 189 de la OIT significó un paso adelante en la normativa del empleo doméstico. Reportes del organismo indican que, hasta el año 2022, un total de 35 países han ratificado este documento legal, adquiriendo el compromiso de optimizar tanto las condiciones de vida como de trabajo de quienes integran este sector.
No obstante, la OIT advierte que la aplicación de estas normas todavía se topa con barreras críticas. Entre ellas se encuentran la informalidad persistente y la carencia de mecanismos de inspección laboral dentro del entorno privado de los hogares.
En naciones como Brasil, México y Perú, las normativas internas han empezado a reconocer derechos esenciales, tales como el salario mínimo, el goce de vacaciones pagadas y el derecho a la seguridad social. A pesar de esto, un alto porcentaje de empleados domésticos sigue sin poseer un contrato formal y carece de protección ante situaciones como el despido injustificado.
Por su parte, ONU Mujeres ha señalado que una gran parte de este colectivo está conformado por mujeres indígenas, migrantes o afrodescendientes. Esta interseccionalidad incrementa su nivel de vulnerabilidad y dificulta el acceso pleno a la justicia y sus derechos.
En este sentido, la destacada referente sindical Marcelina Bautista expresó ante la Comisión Interamericana de Mujeres lo siguiente:
“El trabajo en casas particulares sigue siendo uno de los menos valorados y más precarizados, pese a su aporte fundamental a la economía y al bienestar social”
. La líder social hizo un llamado a los gobiernos para fortalecer la vigilancia y lanzar campañas de sensibilización que aseguren el respeto y la equidad en el rubro.
Realidad social y desafíos en el territorio latinoamericano
Para la región de América Latina, el empleo doméstico es un pilar fundamental de subsistencia para millones de mujeres, particularmente para aquellas con limitaciones en el acceso a la educación formal. Según los registros de la plataforma Statista, aproximadamente el 17 % de las mujeres trabajadoras en el continente se dedica al servicio doméstico. Este porcentaje se eleva por encima del 20 % en países como Bolivia y Paraguay.
Pese a los marcos legales, el principal desafío sigue siendo la informalidad. Cifras de la OIT indican que más del 70 % de las trabajadoras del hogar en Latinoamérica no poseen cobertura de seguridad social. A esto se suma el impacto de la crisis sanitaria por COVID-19, que agravó las brechas y dejó a miles de personas sin ingresos o sin su fuente de empleo habitual.
Ante este panorama, agrupaciones como la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar lideran iniciativas para exigir que el Convenio 189 no solo se ratifique, sino que se aplique con eficacia. La relevancia que adquiere el 30 de marzo permite que las demandas de millones de mujeres alrededor del mundo permanezcan vigentes en el debate público y político.
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