La emblemática plaza Bolótnaya, reconocida por ser el foco de las movilizaciones ciudadanas más grandes en la historia contemporánea de Rusia, se transformó este domingo en el centro de una nueva ola de indignación civil. En esta ocasión, el descontento no giró en torno a la reelección de Vladímir Putin o el conflicto bélico en Ucrania; los ciudadanos se congregaron con el fin de exigir el respeto al libre acceso a internet y el uso de Telegram, la plataforma de mensajería con mayor penetración en el país, cuyo cierre total se ha programado para el próximo martes 1 de abril.
Durante la jornada, las fuerzas de seguridad efectuaron la detención de, al menos, 12 personas en Moscú, según los reportes proporcionados por OVD-Info, organización que monitorea la represión política en el gigante euroasiático. Entre los capturados se encuentra Alexandr Podrabinek, un histórico disidente de la era soviética, periodista y escritor de 72 años. Podrabinek posee una larga trayectoria de resistencia que data de los tiempos de Brézhnev, habiendo sido arrestado en 1978 tras la publicación de Medicina punitiva, una investigación que denunciaba el uso de la psiquiatría como método de tortura estatal. El veterano activista fue interceptado por la policía mientras realizaba fotografías de la concentración.
Represión extendida y restricciones legales
La acción policial no se limitó exclusivamente a la capital rusa. OVD-Info documentó arrestos adicionales en localidades como San Petersburgo, Novosibirsk y Vorónezh. En esta última urbe, un manifestante fue aprehendido por portar un cartel con la consigna
“Basta de bloqueos y de censura”
. Cabe destacar que, en las semanas previas, el gobierno desestimó pedidos para realizar marchas en más de 30 ciudades, lo que dejó a la población ante la difícil elección de acatar la prohibición o arriesgarse a ser encarcelados.
Este escenario se produce en medio de una estrategia estatal dirigida a controlar las comunicaciones en el entorno digital. Desde el pasado mes de febrero, el organismo regulador Roskomnadzor inició maniobras para entorpecer el funcionamiento de Telegram, bajo el argumento de que la empresa no colabora con las agencias de inteligencia. Por su parte, Pavel Durov, creador de la aplicación, denunció que estas presiones tienen como objetivo forzar a los usuarios a trasladarse a MAX, una plataforma bajo control del Kremlin que está siendo impulsada como la alternativa oficial.

El costo del apagón digital
La escalada de control alcanzó un punto crítico el 3 de marzo, fecha en la que entró en vigor una normativa ratificada por Putin. Dicha ley otorga al Servicio Federal de Seguridad (FSB) la potestad de decretar el corte total de los servicios de internet, tanto fijos como móviles, en cualquier zona del país. Ciudadanos en Moscú ya han denunciado fallas masivas en la conexión que persistieron por varios días, afectando incluso la red de la propia Duma Estatal. Datos publicados por el medio económico Kommersant sugieren que menos de una semana de interrupciones en la capital pudo haber generado pérdidas al sector privado de entre 34,8 y 58 millones de dólares.
Este no constituye el primer esfuerzo del régimen por silenciar a Telegram. En el año 2018, Roskomnadzor intentó un bloqueo judicial que resultó en un fracaso logístico: para intentar inhabilitar el servicio, debieron anular más de 19 millones de direcciones IP, lo que provocó graves daños colaterales en sistemas bancarios y plataformas de comercio electrónico, obligando a retirar la medida en 2020. No obstante, las autoridades actuales afirman haber optimizado sus capacidades tecnológicas. En este sentido, el vicepresidente del comité de política informativa de la Duma aseguró que en esta ocasión ni el uso de redes VPN permitirá evadir la restricción.
Un país ante el aislamiento
Actualmente, Rusia cuenta con aproximadamente 90 millones de usuarios en Telegram. La herramienta es fundamental no solo para civiles, sino también para los militares desplegados en territorio ucraniano e incluso para los propios canales de comunicación del Kremlin. Esta dependencia ha provocado que sectores cercanos al gobierno, como los blogueros militares, critiquen la medida al considerarla un error táctico que favorecería al bando enemigo.
La persistencia de la resistencia social, pese a la represión, revela que el Kremlin enfrenta un panorama muy distinto al de hace seis años. En 2018, la plataforma era una alternativa más; hoy, tras la censura impuesta a WhatsApp, Instagram y Facebook, se ha convertido en la última conexión disponible con el mundo exterior para millones de personas. El cierre definitivo representa un paso decisivo hacia un modelo de aislamiento similar al de China o Irán, aplicado con urgencia en una nación sumida en tensiones internas.
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