La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, figura determinante en la conducción jurídica que logró anular la sentencia adversa contra Argentina en el caso YPF, define un hito para entender este desenlace.
“Hasta que el presidente Javier Milei llegó al gobierno, no hubo ni una sola decisión, ningún fallo, ninguna medida a favor de la República Argentina”
, sostuvo la funcionaria.
Por más de una década, el litigio avanzó de forma desfavorable para el país, desde las primeras resoluciones en los tribunales de Nueva York hasta el dictamen de la jueza Loretta Preska, que ratificó una serie de reveses. Ese proceso derivó en una condena que superaba los USD 16.000 millones, a los cuales se añadían USD 2.000 millones adicionales por intereses acumulados. Esta representó la sanción económica más elevada emitida por el sistema judicial de Estados Unidos contra una nación soberana, con un impacto crítico para las finanzas nacionales y la gestión de Javier Milei.
Ibarzabal, quien trabaja estrechamente con Santiago Caputo, principal asesor del mandatario, intervino directamente en la modificación de la estrategia legal en sus compases finales. Su diagnóstico indica que la resolución no obedeció únicamente a razonamientos legales, sino a la nueva estructura de defensa adoptada por el Estado.
La determinación de la Cámara de Apelaciones generó una ruptura en la cadena de derrotas. El tribunal puso en duda la interpretación de la legislación argentina que se aplicó originalmente, centrándose en el régimen de expropiaciones y su vínculo con el estatuto de la petrolera. Ese componente de derecho público se transformó en el eje central de la controversia.
El fallo que anula la condena significa un punto de quiebre en la prolongada disputa por la nacionalización de la compañía. Según la secretaria, la decisión judicial se apoyó en un giro táctico impulsado desde el inicio de la administración de Javier Milei, priorizando la cohesión de los equipos legales y los argumentos de derecho público nacional.
Para Ibarzabal, este cambio estuvo ligado a una firme decisión de enfoque.
“Este gobierno hizo algo distinto. Javier Milei ordenó a todos los equipos trabajar de forma coordinada detrás de un único objetivo. Su definición clara de la política internacional hacia afuera y su manejo de equipos hacia adentro fue lo que marcó la diferencia. Ahí empezó a revertirse la tendencia”
, detalló.
En un lapso menor a dos años, se alcanzaron cinco presentaciones de apoyo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la postura argentina. Esto contrasta con lo ocurrido en 2019, durante el mandato de Mauricio Macri, cuando dicho organismo respaldó la posición de Burford Capital. Se evitó, además, una declaración de desacato que habría dañado la reputación del país. La Cámara de Apelaciones suspendió primero la entrega de acciones de YPF, luego el proceso de discovery y finalmente emitió la sentencia que revierte la condena.
La funcionaria resaltó una maniobra estratégica: enfocar la audiencia oral de apelación en la defensa del derecho público argentino, en lugar de concentrarse solamente en reducir el monto de los daños, como sugerían diversos asesores. “Fue una apuesta audaz y fue determinante para el resultado final”, manifestó.
Pese a los elogios del Jefe de Estado, quien la describió como
“el cerebro”
detrás de la operación, Ibarzabal prefiere no personalizar el éxito.
“Eso es producto de la generosidad y sobrestima del Presidente conmigo. Es una persona muy cariñosa y por eso estoy muy agradecida con él. Pero los trabajos son siempre en equipo”
, aclaró, analizando el proceso que cambió el rumbo de un juicio históricamente adverso.
Entrevista detallada a María Ibarzabal
– Para iniciar, ¿qué balance hace sobre la resolución de la Cámara de Apelaciones que benefició a Argentina?
– Es un sentimiento de orgullo y alegría por el esfuerzo realizado, el profesionalismo y la estrategia multifocal bajo el liderazgo de Javier Milei. Él nos motivó a articular todos los recursos estatales para este logro, con una visión internacional que marcó un antes y un después. No debemos olvidar que era la condena más grande de la historia en EE.UU. contra un país. Revertirlo para beneficio de nuestra nación es una satisfacción inmensa.
– Tras la victoria, diversos sectores políticos intentan adjudicarse el éxito. ¿Qué factores cambiaron realmente en la defensa?
– Es fundamental señalar que las gestiones previas estuvieron en etapas distintas. Pero lo crucial es que, hasta la llegada de Javier Milei, no hubo un solo fallo o medida favorable. Sostener que esto es fruto de estrategias pasadas o del azar es injusto y erróneo. Un juicio de esta escala no se gana solo con un argumento legal; lo que cambió radicalmente fue el enfoque y la narrativa.
– ¿Quién tiene la razón en esta disputa por los méritos del fallo?
– No deseo calificar gestiones ajenas, pero es un hecho que ningún gobierno anterior logró decisiones positivas. Esto se debió a la falta de una estrategia integral, lo que permitió a los demandantes dominar el relato y aprovechar la crisis reputacional de Argentina en Nueva York para acumular victorias.
Este Ejecutivo actuó diferente. El presidente ordenó coordinación absoluta. Esa política internacional clara y el manejo interno de los equipos fue el diferencial. Allí cambió la tendencia.
Los datos son contundentes: en menos de dos años logramos cinco respaldos del Departamento de Justicia estadounidense, cuando en 2019 ese organismo apoyaba a la contraparte. Frenamos el desacato, suspendimos la transferencia de acciones y el proceso de pruebas, hasta llegar a la revocación de la condena. Destaco la audacia de centrar la apelación en el derecho público nacional sobre la mera reducción de daños.
– ¿Cómo se coordinó el trabajo interno?
– El presidente puso este tema como algo estratégico desde el primer día. Trabajamos en conjunto la Secretaría Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Economía, Cancillería y la Embajada en EE.UU. para demostrar que esto afectaba no solo a nuestro país, sino a otros estados soberanos. Se presentaron más de doce amicus curiae. Ganamos por esa estrategia multifocal y profesional.
– ¿Podría explicar de forma sencilla qué definió la Cámara para revertir lo que venían sosteniendo jueces como Griesa o Preska?
– La Cámara determinó que la jueza Preska malinterpretó las leyes argentinas al exigir condiciones imposibles bajo nuestro marco legal, haciendo énfasis en el derecho a la expropiación. Fue clave decidir en la audiencia del año pasado ir por la reversión del 100% de la sentencia. Algunos decían que solo podíamos aspirar a una reducción del monto, pero nuestra apuesta total permitió usar el tiempo disponible para los argumentos de fondo.
– Se menciona que existió un carril diplomático fundamental.
– Absolutamente. Fue una combinación política, diplomática y jurídica bajo el mando de Javier Milei. Quiero reconocer el trabajo del procurador Sebastián Amerio, el canciller Pablo Quirno, el ministro Caputo, el embajador Alec Oxenford y los equipos técnicos liderados por Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, junto a Andrés de la Cruz, Alejandra Etchegorry y Mariana Loza. Muchos funcionarios se sometieron a un proceso de pruebas muy exigente y trabajaron arduamente.
– Burford mencionó la posibilidad de acudir al CIADI. ¿Están listos?
– Somos cautelosos. Estamos preparados para cualquier paso que decidan tomar y seguiremos defendiendo los intereses argentinos con la misma determinación.
– Milei afirmó que expropiar es “un robo”, a pesar de defender el caso. ¿Cómo se entiende esto?
– Son planos distintos. El presidente critica la política intervencionista que generó este conflicto costoso para los ciudadanos. Por ello, enviará un proyecto de ley sobre expropiaciones para evitar que se repitan estas contingencias judiciales.
– ¿Cómo fue lidiar con la presión de este caso que amenazaba el plan económico?
– Fue una etapa de gran tensión, pero siempre trabajamos bajo una conducción clara. Resistimos presiones que nos impulsaban a pactar un acuerdo como única salida. Mantuvimos la convicción técnica y profesional hasta que la Cámara dictó el suspenso del proceso, lo que nos dio la primera señal de que el éxito era posible.
– ¿Qué opina de las declaraciones de Cristina Kirchner y Axel Kicillof defendiendo la expropiación?
– No hace falta responder. La ciudadanía sabe que esa decisión fue una espada de Damocles durante 12 años, poniendo en riesgo la economía. Se evitó un desastre que habría afectado a todos los argentinos.
– Finalmente, el Presidente la llama “el cerebro” de esta operación. ¿Cómo recibe ese elogio?
– Es producto de su generosidad. Estoy muy agradecida con él, pero reitero que este es un logro de un equipo coordinado.
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