En un movimiento estratégico de política exterior, el gobierno de Estados Unidos oficializó la suspensión de diversas restricciones económicas que afectaban al sector extractivo de Venezuela. Esta flexibilización tiene como objetivo primordial reactivar el comercio de los recursos minerales del país suramericano, con un énfasis particular en el oro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro, hizo públicas el pasado viernes tres licencias legales. Estos documentos autorizan la ejecución de transacciones financieras y comerciales ligadas al mercado de los minerales estratégicos venezolanos.
Venezuela posee vastas riquezas naturales que incluyen oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, elementos que resultan vitales para la fabricación de dispositivos tecnológicos como computadoras y teléfonos inteligentes. La explotación de estos recursos se concentra mayoritariamente en el Arco Minero, una vasta región de 112.000 kilómetros cuadrados donde se ha reportado la presencia de guerrillas, bandas organizadas y grupos armados.
Avances en la nueva legislación minera
En el marco de un cambio en la relación bilateral tras la detención de Nicolás Maduro, el Parlamento venezolano otorgó a inicios de marzo un respaldo preliminar a una ley de minería que busca atraer la inversión extranjera. No obstante, durante la sesión del jueves, la Asamblea Nacional aprobó únicamente 55 de los 130 artículos contemplados en el proyecto original, optando por diferir el resto de la discusión para la próxima semana.
La decisión de pausar el debate legislativo se tomó durante una sesión ordinaria difundida por el canal de la Asamblea Nacional en YouTube. El aplazamiento fue propuesto formalmente por el diputado Orlando Camacho, representante del Movimiento Somos Venezuela.
“Revisando todo lo que se ha avanzado hoy y en vista de que aún tenemos temas que abordar (…) para que esta ley quede robusta, tal cual nos pidió la presidenta encargada (Delcy Rodríguez), solicito que se difiera para una próxima sesión el seguimiento de esta ley”
, declaró Camacho durante su intervención ante el pleno controlado por el chavismo.
Entre los puntos discutidos sobresalió el artículo 36, el cual determina que el Estado, basándose en el interés público y su relevancia estratégica, podrá reservarse la actividad de explotación de minerales radioactivos, lo que incluye su beneficio, comercialización y aprovechamiento de subproductos.
Asimismo, el artículo 37 de la propuesta legislativa establece que el Banco Central de Venezuela poseerá un “derecho preferente” para la adquisición del oro extraído en cualquier zona del país. Dicho metal precioso deberá ser ofrecido obligatoriamente a través del Ministerio de Minas.
Transición política y acuerdos económicos
Desde que se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro en una operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, la administración en Washington ha reabierto los canales para el flujo de capitales extranjeros en las áreas de minería, petróleo y gas.
Recientemente, el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum, reveló que Estados Unidos movilizó un cargamento de oro proveniente de Venezuela valorado en 100 millones de dólares. Según el funcionario, estos activos serán canalizados hacia diversos proyectos de inversión industrial.
En el marco del foro energético CERAWeek en Texas, Burgum —quien visitó la capital venezolana a inicios de este mes en compañía de directivos petroleros— confirmó el traslado físico de los metales.
“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”
, subrayó ante los líderes del sector energético internacional.
El secretario estadounidense estuvo en Caracas el 4 de marzo, donde mantuvo reuniones de trabajo por más de 10 horas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. En estos encuentros, Burgum funcionó como nexo con los empresarios del sector minero y petrolero que desean establecer nuevas operaciones en la nación sudamericana.
Finalmente, Burgum describió el estado actual de la industria minera en el país como “colapsada” y limitada a prácticas artesanales “controladas por pandillas”. A pesar de este diagnóstico, destacó el compromiso mostrado por las autoridades actuales para modernizar los procesos y establecer garantías para los negocios bilaterales.
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