El titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, ha subrayado que la administración del presidente Javier Milei mantiene una postura firme de rechazo hacia la expropiación de compañías como política estatal. El funcionario calificó de trascendental la reciente resolución judicial en Nueva York referente a la petrolera YPF, la cual exime al Estado argentino de una obligación financiera de aproximadamente USD 18.000 millones. Según el funcionario, esta oposición a las nacionalizaciones forzosas se fundamenta tanto en principios ideológicos como en la necesidad de eliminar la incertidumbre y el elevado costo jurídico que tales procesos imponen al país.
En declaraciones ofrecidas a un medio radial, Amerio resaltó el respaldo que la defensa argentina obtuvo a nivel global. Un total de doce naciones, entre las que figuran Estados Unidos, Brasil, Francia y Chile, se presentaron bajo la figura de “amicus curiae” ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para validar los argumentos legales presentados por la nación argentina.
Respecto a las implicaciones directas de la medida, el procurador detalló que la resolución de la Cámara del Distrito Sur de Nueva York anuló un fallo previo que exigía el pago de 16.000 millones de dólares más intereses acumulados, elevando la cifra total a más de USD 18.000 millones. “Ahora la Argentina no debe pagar absolutamente nada; el costo bajó a cero”, afirmó el funcionario, indicando que el actual gobierno heredó un escenario judicial desfavorable y optó por una “estrategia distinta” basada en la resistencia a las presiones negociadoras y el fortalecimiento de alianzas diplomáticas.
La postura oficial sobre la seguridad jurídica
Sobre la naturaleza de estas acciones, Amerio aclaró:
“La expropiación es un mecanismo legal. Desde el plano ideológico o político de este gobierno, nosotros estamos en contra de la expropiación.”
Agregó que el mandatario nacional ya había expresado este sentimiento recientemente, considerando que este tipo de medidas no benefician el progreso nacional y que el caso YPF representó un grave peligro para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país por la decisión tomada en 2012.
El jefe de los abogados del Estado recalcó que el enfoque actual rompió con las prácticas de administraciones pasadas. Bajo instrucciones directas de Milei, se estableció una directriz de “no negociar cualquier cosa” y mantenerse firmes frente a intentos de coacción internos o externos encaminados a pactos que perjudicaran los intereses argentinos.
El apoyo de la comunidad internacional fue calificado como un elemento “muy relevante” en el proceso. Amerio mencionó específicamente a países como Ecuador, Italia, Israel, Uruguay y otros que, como amigos de la corte,
“dijeron públicamente que Argentina tenía razón en su posición jurídica.”
Este respaldo fue fundamental para influir en la percepción de los magistrados estadounidenses sobre el expediente.
Al ser consultado sobre si la nacionalización de la petrolera generó réditos a largo plazo por proyectos como Vaca Muerta, el procurador cuestionó esa visión y puso énfasis en las consecuencias macroeconómicas negativas.
“Tener la espada de Damocles y 18.000 millones de dólares en expectativa no es solo un monto económico. Es imposibilidad de ingresar a los mercados. Este país no tolera más la incertidumbre ni la falta de seguridad jurídica que se llevó adelante durante muchos años.”
Presiones y el futuro de las empresas públicas
En cuanto al tema de futuras privatizaciones, el funcionario evitó dar detalles específicos debido a su competencia técnica, aunque admitió que la Procuración podría emitir dictámenes sobre los planes que decida el Poder Ejecutivo. Asimismo, fue contundente al denunciar la presencia de actores externos en el litigio:
“Siempre aparecen lobistas, intermediarios, operadores, que ofrecen soluciones mágicas o acuerdos de montos siderales sobre la base de una sentencia fresca.”
Aseguró que la gestión resistió estas ofertas gracias a la convicción de que sus argumentos eran sólidos.
Finalmente, tras conocerse la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York que anula la multa originada por la expropiación, el procurador lanzó una advertencia para el futuro político del país:
“Si hoy algún gobierno piensa en expropiar, se lo va a tener que pensar muchas veces, porque puede pasar que perdamos y estamos hablando de montos muy perjudiciales para las arcas del Estado.”
Concluyó que el riesgo financiero extremo que corría el país fue revertido exitosamente.
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