Las autoridades judiciales han determinado que Geiner Alvarado, quien lideró la cartera de Vivienda durante la gestión del expresidente Pedro Castillo, deberá permanecer en prisión preventiva por un periodo adicional de siete meses.
El magistrado supremo Juan Carlos Checkley, a cargo de la investigación preparatoria, resolvió declarar fundado en parte el pedido realizado por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Aunque el Ministerio Público solicitaba inicialmente un año más de reclusión, el juez determinó que el tiempo proporcional para asegurar el proceso penal es de poco más de medio año.
La justicia argumentó que, si bien la investigación presenta una complejidad considerable, el riesgo de que Alvarado evada la acción judicial sigue siendo un factor determinante. Se destacó que el caso se enmarca en presuntos delitos de crimen organizado.
“Se está frente a un proceso por crimen organizado, que fue prorrogado por 20 meses para continuar la investigación preparatoria (concluirá en octubre del 2027), no cuenta con pluralidad de imputados, las pericias practicadas iniciaron en el año 2023, aunque existen ciertas diligencias por realizar; este Juzgado Supremo considera proporcional, razonable y necesario prolongar la medida por 7 meses adicionales”
Con este nuevo plazo, y de mantenerse la resolución en firme, el exfuncionario permanecerá en un recinto carcelario hasta el próximo 31 de octubre de 2026.
Situación legal de Pedro Castillo se complica
Paralelamente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tomó una decisión similar respecto a Pedro Castillo. El exmandatario enfrentará un año más de prisión preventiva en el marco de las investigaciones por presuntamente encabezar una red criminal durante su mandato.
La extensión de la medida, que inicialmente caducaba en marzo de 2026, fue ratificada por el juez supremo Edhin Campos. Un factor clave en esta decisión es la reciente condena de 11 años y 5 meses que recibió Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, lo cual, según el criterio judicial, incrementa significativamente las probabilidades de un intento de fuga al existir ya una pena concreta impuesta.
El Poder Judicial señaló además que existe un contexto internacional que podría facilitar la huida del exgobernante, mencionando específicamente el respaldo mostrado por los gobiernos de México, tanto bajo el mando de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum, quienes han cuestionado el proceso legal en su contra.
Según la tesis de la Fiscalía, la supuesta organización criminal operaba estratégicamente en tres frentes del Estado: Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda. El objetivo de esta estructura habría sido el control de cargos de confianza para favorecer a terceros mediante contratos públicos direccionados.
Finalmente, el juez concluyó que el riesgo de que Pedro Castillo se sustraiga del proceso judicial es real y concreto, lo que justifica plenamente la ampliación de su reclusión preventiva por 12 meses adicionales.
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