En una resolución de gran trascendencia histórica, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York decidió anular el fallo de primera instancia que obligaba a la República Argentina a desembolsar una cifra superior a los USD 16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF.
Este dictamen representa un giro radical en un proceso judicial que se ha extendido por más de una década. La decisión fue tomada por los magistrados Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, quienes revisaron la sentencia previa emitida por la jueza Loretta Preska.
“Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”
Fundamentos del tribunal estadounidense
El tribunal de alzada fundamentó su decisión señalando que las exigencias de los accionistas no tienen cabida legal bajo la normativa vigente en el país sudamericano. Según explicaron los jueces:
“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”
Se trata de un litigio sin precedentes, siendo la mayor demanda presentada contra un Estado soberano en la historia de los Estados Unidos. Es relevante destacar que el Departamento de Justicia estadounidense se había manifestado recientemente a favor de la postura argentina.
Impacto en los mercados y actores involucrados
El principal afectado por esta resolución es Burford Capital, una firma británica especializada en litigios que funciona de manera similar a un fondo buitre. La empresa había adquirido los derechos para litigar por aproximadamente 15 millones de euros y ya había obtenido ganancias superiores a los USD 300 millones mediante la venta de participaciones en la demanda.
Tras conocerse la noticia, el valor de las acciones de Burford Capital experimentó un desplome del 43%. Su capitalización de mercado, que alcanzaba los USD 3.500 millones en septiembre de 2023, se redujo drásticamente hasta situarse en unos USD 809 millones. Por el contrario, las acciones de YPF registraron un incremento del 3% tras ser ratificada su exclusión de la demanda.
Reacciones del Gobierno argentino
El presidente Javier Milei calificó el suceso a través de sus redes sociales como un hito jurídico nacional. En su mensaje, destacó que el país se libera de un pago que hoy rondaría los USD 18.000 millones, una cifra comparable al préstamo del FMI de 2024.
“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18.000 millones (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024). Es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”
Por su parte, el titular de la cartera económica, Luis Caputo, elogió la estrategia del equipo legal y criticó la presión de ciertos sectores interesados en un acuerdo extrajudicial:
“Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!”
Antecedentes del caso
El proceso legal atravesó las gestiones de cuatro mandatarios: Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. La defensa estuvo liderada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), bajo la dirección actual de Sebastián Amerio y el subprocurador Juan Stampalija.
Con este fallo, se espera que las demandas adicionales que habían sido suspendidas por la Cámara sean descartadas definitivamente. El Gobierno ya había manifestado optimismo tras la audiencia de octubre, donde consideraron que los argumentos presentados habían inclinado la balanza en favor de la soberanía argentina frente a los reclamos económicos.
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