La noche del 26 de marzo de 2022 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. En apenas 24 horas, la nación centroamericana fue testigo de una de sus jornadas más sangrientas, registrando un total de 62 homicidios. Las estadísticas oficiales detallaron que el departamento de La Libertad fue la zona más golpeada con 12 víctimas fatales, mientras que en San Salvador y Ahuachapán se contabilizaron nueve asesinatos en cada uno. Al cierre de aquel fatídico fin de semana, la cifra de personas asesinadas en todo el territorio nacional se elevó a 87.
Ante la gravedad de la crisis de seguridad, el mandatario Nayib Bukele invocó el artículo 29 de la Constitución para solicitar formalmente ante la Asamblea Legislativa la instauración de un régimen de excepción.
El proceso legislativo fue inmediato: tras la petición realizada durante la noche del 26 de marzo, el pleno de la Asamblea fue convocado de carácter urgente cerca de las 11:00 p.m. Finalmente, la medida obtuvo luz verde a las 3:41 a.m. del domingo 27 de marzo, contando con el voto a favor de 67 diputados.
A primeras horas de esa mañana, el presidente Bukele confirmó que el decreto ya contaba con la sanción presidencial y había sido publicado en el Diario Oficial, entrando en vigor de manera inmediata por un lapso inicial de 30 días. Sin embargo, la inercia de la violencia no se detuvo al instante, pues ese mismo domingo se reportaron 11 homicidios adicionales.
Primeras acciones de seguridad y capturas masivas
Poco después de la aprobación legal, la Policía Nacional Civil utilizó sus canales oficiales para informar sobre la detención de más de 40 integrantes de pandillas, como parte de un operativo mayor que alcanzó los 576 arrestos en respuesta al repunte de la criminalidad. Las autoridades policiales recalcaron que las intervenciones se extenderían a cada rincón del país con el objetivo de capturar a los responsables de los homicidios, ratificando la continuidad de la denominada Guerra Contra Pandillas.
Transformación del marco legal y endurecimiento de penas
La implementación del régimen de excepción conllevó la suspensión temporal de garantías fundamentales consagradas en la carta magna. Entre estas restricciones se incluyeron la libertad de asociación y reunión, el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser informado sobre las causas de una detención. Asimismo, el plazo de la detención administrativa se extendió de 72 horas a 15 días, y se facultó la intervención de las telecomunicaciones. Cabe destacar que, en agosto de 2022, se restableció únicamente el derecho de reunión, manteniendo vigentes las demás limitaciones.
Para el 31 de marzo de ese año, el Ejecutivo informó que los 16,000 pandilleros que ya se encontraban en los centros penales estaban sujetos a restricciones severas, como raciones de alimento reducidas y confinamiento total sin salidas al exterior. En paralelo, se anunció la detención de otras 3,000 personas en los operativos más recientes.
En esa misma fecha, el Legislativo dio paso a seis reformas jurídicas diseñadas para castigar con mayor rigor a los colaboradores y miembros de estructuras criminales. Las nuevas normativas fijaron penas de entre 20 y 30 años de cárcel para los integrantes de maras y pandillas, mientras que para los cabecillas o financistas las condenas pueden alcanzar los 45 años. También se agravaron las penas por delitos de extorsión y drogas, eliminando cualquier beneficio de medidas alternas para quienes enfrenten cargos por terrorismo.
El endurecimiento también alcanzó la Ley Penal Juvenil. Actualmente, los menores con edades comprendidas entre los 16 y 18 años que formen parte de grupos terroristas pueden recibir hasta 20 años de prisión; para aquellos entre 12 y 15 años, la pena máxima se estableció en 10 años. Según la ley, estas sentencias son firmes y no admiten modificación ni revocatoria.
Dentro de esta estrategia, el gobierno edificó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en la localidad de Tecoluca, San Vicente. Esta megacárcel, con capacidad para albergar a 40,000 internos, representó una inversión que superó los USD 100 millones. El recinto dispone de infraestructura avanzada que incluye sistemas de vigilancia perpetua, talleres y estrictos controles de acceso bajo la custodia de militares y policías.
Estrategia territorial y el uso de cercos militares
Como complemento al régimen jurídico, el Gobierno activó las fases del Plan Control Territorial. La quinta etapa, conocida como Extracción, ha consistido en el despliegue de cercos militares en áreas críticas para erradicar la presencia de pandillas.
- En Comasagua (La Libertad Sur), el 2 de octubre de 2022, se instaló el primer cerco tras el asesinato de un trabajador agrícola, resultando en 155 capturas.
- El 3 de diciembre de 2022, la medida llegó a Soyapango, identificado históricamente como un sector de alta peligrosidad.
- El 24 de diciembre de 2022, se activaron cercos en las comunidades Tutunichapa y La Granjita en San Salvador, enfocados en combatir el narcotráfico local, logrando inicialmente 43 arrestos.
- En Nueva Concepción (Chalatenango), el 17 de mayo de 2023, se ejecutó un despliegue tras la muerte de un policía.
- El 1 de agosto de 2023, el departamento de Cabañas fue cercado tras una emboscada contra agentes en Ilobasco.
- El 11 de octubre de 2023, se realizaron operativos en Popotlán y Valle Verde (Apopa), así como en La Campanera (Soyapango).
- El 24 de marzo de 2024, se establecieron cercos en varios municipios de Chalatenango, incluyendo San José Cancasque y San Isidro Labrador.
- El 25 de mayo de 2024, Apopa fue nuevamente intervenida tras reportes ciudadanos.
- El 28 de octubre de 2024, se aplicó un cerco en la colonia 10 de Octubre de San Marcos.
- Para el 21 de junio de 2025, se movilizaron 2,000 efectivos en San Bartolo, Ilopango, con el fin de desarticular intentos de reorganización de estas estructuras.
Prórrogas constantes y percepción ciudadana
En el transcurso de estos años, la Asamblea Legislativa ha extendido la vigencia de la medida en 49 ocasiones, amparándose en el artículo 30 de la Constitución, que permite renovaciones mientras persistan las causas originales. Estas acciones cuentan con el aval de la Sala de lo Constitucional.
Hacia agosto de 2025, se incorporaron nuevas reformas que permiten a la Fiscalía General de la República disponer de hasta tres años para investigar antes de formalizar acusaciones. En el ámbito judicial, se instauró un registro único por estructura criminal y se validaron procesos judiciales en ausencia de los imputados.
El respaldo popular hacia estas políticas ha sido notable. Mediciones de CID Gallup a finales de 2022 situaron en un 95 % la aprobación ciudadana a la gestión de seguridad. Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública reveló que el 88.2 % de la población percibe mayor seguridad en sus comunidades gracias al régimen de excepción.
A cuatro años del inicio de esta era, El Salvador mantiene la vigencia del régimen. Según datos del Ministro de Seguridad:
“las medidas extraordinarias decretadas han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción histórica en los índices de homicidios y la captura de más de 91,300 terroristas”
Implementación de la cadena perpetua
En el marco de este cuarto aniversario, se ha dado luz verde a una reforma constitucional trascendental que habilita la cadena perpetua para quienes cometan delitos de terrorismo, violación u homicidio. Esta iniciativa busca eliminar la prohibición constitucional previa y asegurar que los responsables de crímenes graves no retornen a las calles, con el fin de consolidar la paz social alcanzada durante este periodo de excepcionalidad.
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