Este jueves, el líder venezolano Nicolás Maduro deberá presentarse nuevamente ante una corte federal en la ciudad de Nueva York. Esta comparecencia ocurre tras haber transcurrido poco más de dos meses desde su captura, efectuada a comienzos de enero durante una operación del Ejército de Estados Unidos en el país sudamericano.
En el transcurso de esta nueva diligencia judicial, Maduro intentará demostrar ante el magistrado que existen pruebas de que la administración norteamericana está
«tratando de interferir en sus capacidades para defenderse de los cargos que se le imputan»
. Bajo este argumento, su equipo legal sostiene que el expediente por presunto narcotráfico debe ser desestimado y archivado permanentemente.
Revisión de pruebas y obstáculos financieros
El juez Alvin Hellerstein programó inicialmente esta vista con el objetivo de que los abogados de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tuvieran la oportunidad de analizar la totalidad de las evidencias en su contra. Este paso es fundamental para estructurar la defensa ante la inminente definición de una fecha para el inicio del juicio, según reportes de medios internacionales.
Sin embargo, el proceso enfrenta complicaciones económicas significativas. El pasado mes de febrero, Barry Pollack, abogado defensor de Maduro, advirtió que podría verse en la necesidad de renunciar a la representación legal si Estados Unidos no autoriza que el Gobierno de Venezuela sufrague sus honorarios. Pollack reveló que el Departamento del Tesoro otorgó una licencia para permitir estos pagos, pero posteriormente decidió revocarla.
Invocación de la Sexta Enmienda
Debido a que tanto el mandatario como Cilia Flores figuran en los listados de individuos sancionados, su cuerpo de abogados debe gestionar permisos específicos para no quebrantar las restricciones vigentes. El defensor ha enfatizado que este bloqueo administrativo «viola el derecho constitucional de Maduro a defenderse».
La línea de la defensa es clara al señalar que
«el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios de la representación de Maduro, que este tiene la expectativa legítima de que el Gobierno venezolano lo haga y que, de otra manera, no puede costearse un abogado»
, según ha manifestado el representante legal del político.
Por tales motivos, Pollack ha afirmado con contundencia que, al obstaculizar los pagos por parte del Estado venezolano, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) está afectando directamente la
«capacidad de Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección»
.
Es importante recordar que Nicolás Maduro fue aprehendido junto a Cilia Flores el 3 de enero, durante una incursión militar estadounidense que dejó un saldo de más de cien fallecidos. Tras su traslado y encarcelamiento en Nueva York, el dirigente se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico. Por su parte, la Cancillería venezolana ha solicitado formalmente en múltiples ocasiones la liberación de la pareja.
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