En punto de las 11:40 horas (tiempo del Este), el procesado Nicolás Maduro hizo su ingreso a las instalaciones de la Corte de Nueva York. El aspecto físico del líder venezolano destacó por un cabello totalmente canoso, una contextura física notablemente más delgada y la ausencia de esposas al momento de entrar al recinto. Vestido con un mameluco en tono beige y calzado deportivo, Maduro saludó a su equipo de defensores antes de colocarse los auriculares para seguir la traducción simultánea del proceso.
La diligencia judicial fue dirigida por el magistrado federal Alvin Hellerstein, quien mantuvo una postura firme y lanzó cuestionamientos directos tanto al abogado defensor, Barry J. Pollack, como al fiscal federal adjunto, Kyle Wirshba. Durante la sesión, Maduro permaneció con un semblante serio, sin mostrar sonrisas y con una mirada que los presentes describieron como vacía.
El eje central del debate se centró en el financiamiento de la defensa. Barry J. Pollack argumentó que su cliente solo podrá contar con una representación legal de élite, proporcional a la gravedad de los cargos, si el gobierno de Estados Unidos permite el uso de los activos venezolanos que actualmente se encuentran embargados por sospechas de procedencia ilícita para el pago de honorarios.
Ante esta solicitud, el fiscal Kyle Wirshba respondió de forma tajante, señalando que esos recursos económicos están bloqueados bajo el amparo de razones de “seguridad nacional”. La fiscalía sugirió que, para garantizar el derecho constitucional a la defensa establecido en la Enmienda VI, Maduro podría recurrir a los servicios de abogados de oficio proporcionados por el Estado.
A pesar de sus 92 años de edad y de hablar con un volumen de voz reducido, el juez Alvin Hellerstein ejerció una fuerte presión legal sobre el fiscal Wirshba. El representante de la fiscalía se mostró visiblemente incómodo y llegó a transpirar durante la media hora de interrogatorio que le dedicó el juez neoyorquino respecto a los límites de la defensa y el acceso a los fondos congelados.
Este proceso judicial continúa bajo estricta vigilancia internacional, mientras la corte debe determinar si procede el uso de los bienes confiscados a Venezuela para costear la defensa privada en este caso de narcoterrorismo. La sesión concluyó dejando pendientes las resoluciones sobre los recursos financieros que definirán la calidad del equipo legal que acompañará al acusado en las próximas etapas del juicio.
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