La fiscal suprema Patricia Benavides ha recuperado plenamente su libertad de tránsito internacional. El Poder Judicial determinó que la medida de impedimento de salida del país, impuesta inicialmente bajo la sospecha de liderar una supuesta organización criminal, quedó sin efecto tras caducar el pasado 28 de febrero de 2026.
A través de una resolución emitida por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, se formalizó el levantamiento de esta restricción. En el documento, se ordena notificar de inmediato a Migraciones para que se actualicen los registros y se tome conocimiento de que ya no existe ninguna prohibición legal que impida a la exfiscal de la Nación abandonar el territorio peruano.
De acuerdo con lo estipulado en el Código Procesal Penal, la extensión de un impedimento de salida es posible únicamente bajo requerimiento directo del Ministerio Público. Sin embargo, en el proceso contra Benavides, dicha solicitud de prolongación nunca fue presentada por la fiscalía.
“No habiendo requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, la medida impuesta venció el 28 de febrero de 2026; es el caso que a la fecha dicho plazo ha vencido”
especifica el texto judicial que oficializa la libertad de movimiento de la funcionaria.
Antecedentes de la restricción judicial
La historia legal de esta medida se remonta al 29 de agosto de 2024. En aquella fecha, el magistrado supremo Saúl Peña Farfán dictaminó un periodo de 18 meses de impedimento de salida del país para Benavides Vargas. Esta decisión se tomó en el marco de una investigación compleja que incluye presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Pese a que la defensa de la exfiscal intentó revertir la orden mediante una apelación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso, ratificando la prohibición en septiembre de ese mismo año. Posteriormente, Patricia Benavides buscó anular la restricción a través de un habeas corpus, no obstante, el sistema judicial declaró improcedente su demanda en dos instancias distintas.
Detalle de las imputaciones en curso
La investigación que enfrenta la fiscal suprema se desglosa en seis ejes fundamentales que el sistema de justicia analiza detalladamente:
- Red criminal: Se investiga su presunto rol como líder de una organización delictiva infiltrada en la alta jerarquía del Ministerio Público, cuyo fin habría sido ejecutar actos ilícitos para mantener el control de la institución.
- Vínculos con José María Balcázar: Se analizan supuestos acuerdos con el congresista y hoy presidente interino para archivar procesos fiscales en Lambayeque y nombrar a su nuera en la institución, supuestamente a cambio de votos favorables en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
- Designación del Defensor del Pueblo: Se le adjudica haber gestionado con parlamentarios la elección de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, con el objetivo de influir en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
- Inhabilitación de Zoraida Ávalos: Existen sospechas de negociaciones con legisladores para canjear el archivo de denuncias fiscales por votos que lograran la salida de la exfiscal de la nación.
- Presiones contra la JNJ: Se investigan coordinaciones con el Congreso para impulsar mociones que buscaban remover a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
- Salida de fiscales clave: Se le señala por gestionar la suspensión y retiro de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez, integrantes del equipo Lava Jato, presuntamente para beneficiar a investigados por lavado de activos.
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