El jurista Alejandro Carranza, quien lidera la defensa técnica de Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano Gustavo Petro, arremetió contra los procedimientos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. La crítica se centra en el operativo de detención realizado el pasado 29 de julio de 2023.
Según el relato del abogado, la diligencia estuvo marcada por diversas anomalías. Una de las más graves, de acuerdo con su testimonio, fue la revisión del dispositivo móvil de Laura Ojeda, pareja sentimental del procesado, quien se encontraba presente en el inmueble al momento del arribo de las autoridades.
Otro punto de conflicto expuesto por la defensa es el registro fílmico de la captura. Carranza enfatizó que los agentes grabaron el procedimiento a pesar de que Nicolás Petro se encontraba semidesnudo y Ojeda, quien cursaba un avanzado estado de gestación, estaba totalmente desnuda y apenas protegida por una manta.
Cuestionamientos a la legalidad del procedimiento
Durante la audiencia preparatoria de juicio, donde el hijo del presidente enfrenta cargos por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el abogado Carranza fue enfático al interrogar la procedencia de las pruebas obtenidas del celular de la esposa de su defendido.
“¿Cómo abrieron ese celular? Tenía clave. Y la pregunta es: ¿Acaso llevaron al juez de garantías el derecho de Laura para garantizar que ella daba la clave sin haber sido filmada desnuda y humillada delante de esos investigadores del CTI?”
El defensor sostuvo que el proceso careció de las garantías mínimas y acusó directamente a los agentes del CTI que lideraron el operativo de haber actuado bajo supuestos “intereses morbosos” al realizar las grabaciones de la esposa de Petro Burgos. Según sus palabras, la intención de los investigadores quedó evidenciada en el material audiovisual recolectado.
No obstante, el magistrado a cargo del caso interpeló al abogado, señalando que el concepto de “morbosidad” no posee una aplicación técnica dentro del sistema penal acusatorio colombiano, por lo cual le instó a utilizar un lenguaje jurídico más apropiado para sus alegatos.
Denuncias por abuso de autoridad
Tras la observación del juez, el profesional del Derecho prosiguió argumentando que los agentes de la Fiscalía se habrían extralimitado en sus funciones al manipular el teléfono de Laura Ojeda sin una aparente justificación legal.
“¿Eso también fue voluntario, su señoría? ¿Eso también está cubierto por la entrega espontánea de una persona? Yo creo que no”
, sentenció ante el estrado.
La indignación de la defensa también se trasladó a las redes sociales. A través de su perfil en la plataforma X, Alejandro Carranza condenó la filtración del video de la captura a los medios de comunicación, criticando tanto el manejo de la información por parte de la prensa como el origen de la filtración. “Mandan cáscara como dicen aquí en Barranquilla”, expresó utilizando un modismo local para reprochar la desfachatez de lo ocurrido.
En este sentido, el abogado advirtió que las figuras involucradas en lo que él denomina una captura irregular deberán rendir cuentas ante la justicia por un posible abuso de autoridad.
“Los investigadores y todos sus cómplices responderán por esos hechos. Y me puedo hacer regañar una y otra vez, todo lo que hicieron ustedes con Burgos Víctor Forero y compañía fue un abuso de autoridad y un despropósito para el buen periodismo”
Por su parte, Laura Ojeda ya había manifestado previamente su postura mediante un video en redes sociales. En dicha publicación, aseguró que el despliegue de fuerza fue innecesario, puesto que su esposo siempre estuvo dispuesto a colaborar con los requerimientos de la Fiscalía. La mujer calificó el acto como un allanamiento que vulneró su dignidad personal.
Finalmente, Ojeda cuestionó duramente el hecho de que un material que debía estar bajo custodia exclusiva del ente acusador terminara en manos de los medios.
“El video que hoy publicaron es prueba plena de que quisieron poner ropaje de legitimidad a un abuso contra nuestra dignidad (…). Grabarnos desnudos, en mi caso, con ocho meses de embarazo y revictimizarnos con la filtración del video, no es noticia, ni es justicia; esto es una infamia”
, concluyó.
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