El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, informó que durante el transcurso del año 2025 solo se ha conseguido la repatriación de tres ciudadanos que ejercían labores informativas: Dimitro Jiliuk, Mark Kaliush y Vladislav Yesipenko. El funcionario enfatizó que la ausencia de reconocimiento formal por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre la situación de gran parte de los periodistas arrestados constituye una barrera crítica para gestionar su retorno y entorpece las mesas de diálogo para su liberación.
Cifras de comunicadores privados de la libertad
Las autoridades en Kiev han denunciado que aproximadamente treinta periodistas ucranianos continúan bajo arresto en Rusia o en territorios de Ucrania que permanecen bajo dominio de las fuerzas militares rusas desde que inició la invasión en febrero de 2022. El defensor del pueblo, Lubinets, precisó que son 26 los reporteros y empleados de medios que se encuentran en esta situación de detención ilegal, casos que ya han sido elevados ante organismos internacionales competentes.
El descontento del gobierno ucraniano con la gestión del CICR ha quedado de manifiesto en sus recientes declaraciones. El comisionado recriminó que la entidad humanitaria apenas ha validado oficialmente la detención de uno de los periodistas, omitiendo el estatus profesional de los demás comunicadores en cautiverio. Según el funcionario, esta posición institucional
“supone un obstáculo adicional tanto para su retorno como para el proceso de negociaciones”
, dificultando los esfuerzos diplomáticos necesarios para su excarcelación.
Riesgos extremos en la cobertura del conflicto
Durante su participación en un foro especializado, Lubinets también destacó las precarias y peligrosas condiciones que deben sortear los trabajadores de los medios de comunicación en el marco de la guerra. Señaló que los periodistas “arriesgan sus vidas no solo cubriendo acontecimientos desde el frente, sino también desde ciudades que se consideran seguras”, lo que demuestra que la exposición al peligro es permanente, incluso en zonas alejadas de los combates directos.
De igual manera, la organización Reporteros sin Fronteras ha documentado que, desde febrero de 2022, un total de 175 profesionales de la prensa —incluyendo locales y extranjeros— han sufrido el impacto de las operaciones militares rusas. De esa cifra global, 16 han perdido la vida en pleno ejercicio de sus funciones. Estos datos ponen de relieve la vulnerabilidad y la escalada de agresiones contra el gremio periodístico en las regiones en conflicto.
El seguimiento y la denuncia sistemática de arrestos, violencia y decesos en el ámbito comunicacional son temas recurrentes en las agendas de defensa de la libertad de expresión. Las autoridades ucranianas y diversas coaliciones internacionales mantienen sus exhortos para robustecer la seguridad de los enviados especiales y garantizar los derechos mínimos durante la labor informativa en contextos bélicos.
La problemática de los periodistas detenidos se enmarca en un escenario más amplio de hostigamiento contra la prensa. Con la difusión de estas cifras oficiales, se busca ejercer presión para que los organismos humanitarios internacionales redoblen su vigilancia y participación en la resolución de estos expedientes. La carencia de un aval institucional, como el que se le reclama al CICR, afecta la creación de canales de mediación y la restitución de garantías fundamentales para los detenidos.
Finalmente, se ha reconocido la labor de los periodistas que operan bajo la amenaza constante de bombardeos y ataques de drones, tanto en las líneas de combate como en los centros urbanos. La visibilización de los 26 casos reportados por Lubinets y los balances de Reporteros sin Fronteras forman parte de una estrategia para que la comunidad internacional no ignore los retos extremos que enfrenta la prensa en un conflicto de larga duración.
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