La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió este martes una grave advertencia sobre la creciente influencia de las bandas criminales en Haití, las cuales han logrado extender su control más allá de los límites de la capital. Según el organismo, se han contabilizado un total de 5.519 fallecimientos derivados de la violencia de estos grupos armados, así como de las operaciones de respuesta de las autoridades y de colectivos de autodefensa, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026.
El informe institucional detalla que, además de las víctimas fatales, al menos 2.608 personas resultaron heridas durante el citado lapso. La distribución de las cifras de mortalidad y lesiones se desglosa de la siguiente manera:
- Pandillas: Responsables de 1.424 muertes y 790 heridos.
- Fuerzas de seguridad: Sus intervenciones dejaron un saldo de 3.497 fallecidos y 1.742 heridos.
- Grupos de autodefensa: Sus acciones provocaron 598 decesos y 76 personas lesionadas.
Expansión del dominio criminal
La crisis de inseguridad que atraviesa la nación caribeña se ha agudizado debido a que las estructuras delictivas han sobrepasado el entorno de Puerto Príncipe. El documento técnico señala que estas organizaciones han conseguido fortificar corredores estratégicos y consolidar su poder sobre rutas de transporte terrestre y marítimo fundamentales. Este control territorial es el que permite sostener su estructura financiera y operativa, mientras ejecutan delitos como asesinatos, secuestros, trata de menores, robos y extorsiones de forma sistemática.
Un aspecto especialmente crítico denunciado por la Oficina es el uso de la violencia sexual como una herramienta deliberada para someter y castigar a la ciudadanía. Se estima que al menos 1.571 mujeres y niñas han sido víctimas de estas agresiones, predominantemente a través de violaciones grupales. El informe también documenta casos donde menores de edad fueron forzadas a mantener supuestas «relaciones sentimentales» con delincuentes, quedando expuestas a ciclos prolongados de abuso y explotación sexual.
Uso desmedido de la fuerza y ejecuciones
En el ámbito del orden público, el reporte identifica múltiples episodios de uso desproporcionado o injustificado de la fuerza por parte de los efectivos policiales. Se han registrado 247 casos de ejecuciones sumarias, de las cuales 196 fueron llevadas a cabo satisfactoriamente según los registros de derechos humanos. Adicionalmente, el organismo denunció la participación de una empresa militar privada en tareas de seguridad nacional. Estas operaciones incluyeron el uso de tecnología como drones y ataques desde helicópteros, acciones que han sido calificadas por la Oficina como presuntos asesinatos selectivos.
Respecto a la legalidad de estas intervenciones, la institución advierte que las autoridades del sistema judicial no parecen haber iniciado procesos de investigación para esclarecer las circunstancias de estos homicidios y lesiones. El documento enfatiza la carencia de mecanismos de rendición de cuentas que garanticen a los afectados el acceso a la justicia y a recursos legales efectivos.
Justicia popular y autodefensa
La Oficina de Derechos Humanos también puso el foco en las acciones de turbas y grupos de autodefensa que ejercen la denominada «justicia popular». Estas agrupaciones, equipadas con armas de fuego de grueso calibre, machetes y piedras, han perpetrado linchamientos contra individuos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado. El informe resalta con preocupación que algunos de estos incidentes habrían contado con el aliento o la complicidad de miembros de la policía.
Ante este panorama desolador, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, subrayó la urgencia de un cambio de rumbo:
«esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando plenamente los derechos humanos»
Desafíos del sistema judicial y cooperación internacional
A pesar de la compleja situación, el reporte admite ciertos hitos positivos en el área legal, como la creación de dos unidades especializadas destinadas a procesar delitos de gran escala y violencia de género. No obstante, se lamenta que el avance judicial en casos relativos a corrupción y redes de financiamiento de bandas armadas siga siendo muy pobre. La sensación de impunidad ante las violaciones de Derechos Humanos sigue siendo la norma en el país.
Finalmente, se destacó la instauración de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRP) por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Este cuerpo está sujeto a normativas estrictas para vigilar e informar sobre posibles abusos de su personal. Volker Türk aclaró que la efectividad de la FRP dependerá de que se persiga también a quienes financian y organizan a estas bandas, además de implementar políticas que reduzcan las brechas socioeconómicas en Haití para reconstruir el tejido social.
Fuente: Fuente