A través de una publicación oficial en el diario El Peruano, el Ministerio Público ha formalizado la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como el nuevo Fiscal de la Nación para el periodo constitucional 2026–2029. Esta decisión se tomó luego de que la Junta de Fiscales Supremos respaldara su nombramiento mediante una votación por mayoría.
El documento legal detalla que esta transición institucional ocurre tras la remoción definitiva de Delia Milagros Espinoza Valenzuela. La salida de la exfiscal fue ratificada por la Junta Nacional de Justicia, después de que se desestimaran los recursos legales interpuestos por ella para intentar revertir su destitución. Como parte del procedimiento formal, la resolución ordena notificar este nombramiento a las instituciones fundamentales del Estado peruano.
Con este acto administrativo, se busca dar cierre a la crisis en el Ministerio Público que se originó tras el cese de Espinoza. Dicha etapa estuvo marcada por un clima de incertidumbre en el liderazgo de la entidad, abriendo ahora un nuevo ciclo administrativo bajo la dirección de Gálvez.
Proceso de elección y fecha de asunción
La designación de Gálvez se concretó el pasado 23 de marzo en el marco de una sesión extraordinaria desarrollada por la Junta de Fiscales Supremos. En dicho cónclave participaron los fiscales supremos titulares, quienes emitieron su voto de forma secreta, resultando una elección por mayoría, cumpliendo así con la normativa vigente para este alto cargo.
Según el acuerdo institucional, el nuevo Fiscal de la Nación tomará posesión oficial de su despacho tras la ceremonia de juramentación, la cual ha sido programada para el próximo viernes 27 de marzo. A partir de ese momento, iniciará formalmente su gestión de tres años al mando del Ministerio Público.
Es importante señalar que, previo a su elección definitiva, Gálvez ya ejercía funciones como fiscal de la Nación interino desde el mes de septiembre de 2025. Su interinato comenzó inmediatamente después de la salida de Espinoza, periodo en el cual lideró la institución en un contexto de constantes cuestionamientos y tensiones dentro del sistema judicial.
Cuestionamientos y trayectoria profesional
La carrera de Gálvez ha estado rodeada de diversas polémicas. El magistrado fue vinculado anteriormente con las investigaciones del caso “Cuellos Blancos del Puerto”, uno de los entramados de corrupción judicial más críticos en la historia reciente del país. Debido a esto, fue objeto de indagaciones fiscales, aunque las denuncias constitucionales presentadas en su contra terminaron siendo archivadas en el Congreso de la República.
De igual manera, su nombre apareció en las pesquisas relacionadas con la presunta red criminal “Los Gánsters de la Política”. No obstante, al igual que en procesos anteriores, las acusaciones no prosperaron tras decisiones tomadas en la instancia parlamentaria.
Pese a estos episodios, Gálvez conservó su estatus como fiscal supremo titular hasta alcanzar la jefatura interina y, ahora, la titularidad del Ministerio Público. En el ámbito político, diversos sectores perciben su perfil como alguien cercano a los intereses del Parlamento, especialmente en un periodo de fricciones entre el Poder Legislativo y el sistema de administración de justicia.
Reestructuración del Ministerio Público
Durante su interinato, Gálvez implementó cambios profundos que han reconfigurado la estructura interna del Ministerio Público. La acción más destacada fue la disolución de equipos especiales de investigación de alta relevancia, entre los que figuran:
- El equipo del caso Lava Jato.
- El grupo a cargo de Cuellos Blancos.
- El Eficcop (Equipo Especial contra la Corrupción del Poder).
- El Eficavip, encargado de investigar las muertes en protestas sociales.
En su defensa, el magistrado argumentó que estas medidas tenían como fin reorganizar la persecución penal para centralizarla en fiscalías especializadas, buscando una supuesta optimización del sistema. Sin embargo, estas disposiciones generaron fuertes críticas por el posible impacto negativo en procesos emblemáticos de derechos humanos y corrupción.
En lo que respecta al equipo Lava Jato, la reforma implicó que decenas de carpetas de investigación fueran trasladadas a diferentes unidades bajo una nueva estructura de coordinación. Un esquema similar de redistribución de personal y expedientes se aplicó en las otras áreas desactivadas.
Estas determinaciones se interpretan como un giro radical en la estrategia de la fiscalía peruana, ejecutado en medio de un panorama político de alta complejidad.
Fuente: Fuente