La administración de justicia en Venezuela ha determinado negar el beneficio de amnistía al reconocido activista Javier Tarazona. El director de la organización FundaREDES, quien recientemente obtuvo su libertad condicional tras permanecer cuatro años y siete meses en cautiverio, continuará enfrentando un proceso judicial bajo los cargos de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio.
Esta resolución se produce luego de que el equipo legal de Tarazona presentara una solicitud para el sobreseimiento de la causa. Dicha petición se sustentaba en el marco de la ley de amnistía promovida por Delcy Rodríguez, normativa que entró en vigencia tras los sucesos relacionados con la detención del mandatario Nicolás Maduro en el pasado mes de enero.
Ante la negativa del tribunal competente, el defensor de derechos humanos ha manifestado su intención de interponer un recurso de apelación inmediata contra la medida. La decisión judicial implica que, aunque se encuentre fuera de un centro de reclusión, el activista deberá cumplir con medidas cautelares mientras el expediente en su contra sigue abierto.
Un arresto marcado por la controversia
La trayectoria de Javier Tarazona ha captado la atención de la comunidad internacional. Su detención tuvo lugar el 2 de julio de 2021 en el estado Falcón, justo después de que acudiera a la Fiscalía para dejar constancia del acoso que sufría por parte de diversos organismos de seguridad del Estado.
Como líder de FundaREDES, Tarazona se especializó en la vigilancia de las garantías fundamentales y en la denuncia pública sobre la incursión de grupos armados irregulares en la zona fronteriza con Colombia.
Durante sus años de labor, el activista recopiló evidencias sobre vulneraciones a los derechos humanos ejecutadas por guerrillas colombianas y otros grupos violentos. Sus reportes incluían alertas críticas sobre el reclutamiento de menores en regiones limítrofes y la explotación descontrolada de recursos naturales en territorio venezolano.
Poco antes de ser privado de su libertad en junio de 2021, Tarazona exigió formalmente una investigación sobre los presuntos nexos entre el exministro Ramón Rodríguez Chacín y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En su denuncia, entregó coordenadas precisas de propiedades que, según sus investigaciones, eran utilizadas por la organización guerrillera bajo el consentimiento de entes estatales.
Condiciones de reclusión y estado de salud
El arresto del activista y su hermano ocurrió en las inmediaciones de una sede del Ministerio Público, donde buscaban resguardo. Posteriormente, fue recluido en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), específicamente en El Helicoide. Este recinto ha sido señalado por organismos globales como un epicentro de aislamiento prolongado y tortura psicológica.
Los reportes sobre su estancia en dicho lugar describen un entorno de insalubridad, falta de alimentación adecuada y confinamiento en las denominadas celdas de castigo. Además, se denunció de forma reiterada la ausencia de asistencia médica especializada para el detenido.
Actualmente, el estado de salud de Tarazona es delicado, ya que padece patologías crónicas como diabetes y fibrosis pulmonar, condiciones que se agravaron durante su tiempo en prisión. Instituciones de peso como Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU habían solicitado su libertad por razones estrictamente humanitarias, cuestionando las fallas en el debido proceso.
Irregularidades procesales y panorama político
El camino judicial de este caso ha estado plagado de interrupciones. La audiencia preliminar sufrió un total de 13 aplazamientos, mientras que el juicio oral quedó suspendido durante meses por la licencia médica del magistrado a cargo. Según la legislación local, dicha interrupción debió invalidar lo actuado anteriormente. Asimismo, durante los primeros siete meses, al activista se le negó el derecho a contar con abogados privados, imponiéndole la asistencia de un defensor público.
Pese a estos obstáculos, la salida de Tarazona de prisión ocurrió el pasado 1 de febrero, como parte de los beneficios otorgados por la gestión de Delcy Rodríguez.
De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión parlamentaria de seguimiento a la ley de amnistía, alrededor de 260 ciudadanos han sido liberados bajo este esquema legal, mientras que otros 7.800 han recibido medidas sustitutivas a la privación de libertad.
No obstante, organizaciones como el Foro Penal mantienen sus reservas sobre estas cifras. La ONG estima que todavía existen cerca de 500 personas en prisión por motivos políticos en el país. La entidad continúa documentando denuncias de detenciones arbitrarias y tratos crueles en centros como El Helicoide, subrayando que la crisis de derechos humanos persiste en la nación sudamericana.
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