El ahora suspendido fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha hecho pública una grave denuncia tras recibir amenazas de muerte por parte de la organización criminal MS-13. Durante una intervención mediática, el funcionario señaló que buscará el apoyo de organismos internacionales para asegurar el cumplimiento de sus derechos procesales, argumentando que su capacidad de defensa ante el Congreso Nacional ha sido drásticamente restringida por los plazos impuestos.
Zelaya fue convocado para comparecer este martes como parte del proceso de juicio político iniciado en su contra. Sin embargo, el fiscal sostiene que las condiciones actuales de su juzgamiento representan una clara vulneración al debido proceso. Según sus declaraciones, un alto cargo del actual Gobierno le habría propuesto renunciar a su puesto para evitar el juicio, una oferta que él decidió declinar.
Uno de los puntos más críticos señalados por el funcionario es que el pleno del Legislativo únicamente le otorgó un lapso de 16 horas para organizar sus argumentos de defensa. Zelaya tildó este tiempo de «inaudito» y recordó que, por ley, le corresponden treinta días para este fin. Adicionalmente, destacó que su estado de suspensión le impide solicitar datos técnicos al Ministerio Público, complicando la recopilación de documentos vitales.
Respecto a su integridad física, el fiscal fue tajante al mencionar que la información sobre posibles atentados en su contra surgió hace aproximadamente quince días. En la entrevista, recalcó lo siguiente:
“Me ha llegado información de amenazas de la MS contra mi persona, para atentar contra mi vida.”
A esto añadió para enfatizar su preocupación:
“Quiero dejarlo claro, hay amenazas de la MS contra mi persona.”
Desarrollo del juicio y postura institucional
El proceso legislativo que enfrenta Johel Zelaya se divide en dos fases: una de investigación, cuya duración define el Congreso, y otra de debate y votación que podría extenderse hasta por cinco días. Zelaya enfatizó que ser citado con una antelación tan reducida coarta su derecho legítimo a defenderse. Ante las críticas que lo asocian con el Partido Libertad y Refundación (Libre), el fiscal defendió su imparcialidad alegando lo siguiente:
- Aseguró que bajo su mando se emitieron requerimientos fiscales contra miembros de diversas fuerzas políticas.
- Mencionó que, pese a las presiones recibidas, su gestión se realizó con transparencia.
- Afirmó que se retira del cargo con la convicción del deber cumplido y «con la frente en alto».
Sobre el polémico «narcovideo» relacionado con Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso Nacional, el fiscal puntualizó que dichas grabaciones han sido de dominio público durante los últimos doce años. Según sus palabras, el material no evidencia ningún tipo de transacción, razón por la cual la fiscalía no ha tenido elementos suficientes para presentar requerimientos judiciales en este caso específico.
Como medida de protección legal, el fiscal adelantó que escalará su caso al ámbito externo.
“Voy a acudir a instancias internacionales para que se respeten los debidos procesos.”
Insistió en que el juicio en su contra responde a intereses partidarios y sentenció:
“Hoy me voy con la frente en alto.”
Zelaya rechazó tajantemente cualquier vínculo con actividades ilícitas de narcotráfico, actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Al reafirmar que su salida es un “acto meramente político”, advirtió que el precedente que se está estableciendo es peligroso para la estabilidad de las instituciones hondureñas. “Se ha abierto una puerta muy peligrosa”, advirtió el funcionario, instando a la sociedad a analizar las repercusiones de estas decisiones.
La situación ha escalado al punto de afectar a su círculo familiar más cercano. El fiscal responsabilizó directamente al Estado hondureño por cualquier eventualidad que pudiera sufrir su persona. Lanzó una fuerte advertencia sobre la posible reacción social ante su caso:
“Si a mí me llega a pasar algo, van a haber problemas en este país”
, pronosticó, señalando que los sectores que lo respaldan no se quedarán de brazos cruzados.
Finalmente, Johel Zelaya sugirió que este no será el único juicio político en el panorama nacional. Informó sobre la posibilidad de nuevos procesos que incluirían a otras figuras clave, tales como:
- Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral.
- Rebeca Raquel Obando, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Al concluir su comparecencia pública, el fiscal suspendido manifestó mantener su integridad y sus vínculos personales intactos tras su paso por la institución:
“Me voy con los mismos amigos que siempre tuve.”
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