A medio siglo del último golpe de Estado cívico-militar en la República de Argentina, aquel que desplazó del poder a Isabel Perón y marcó el inicio del ciclo más violento en la cronología nacional, el actual Ejecutivo difundió una pieza audiovisual titulada “Las víctimas que quisieron esconder”.
Este material fílmico fue presentado formalmente mediante los canales oficiales de la Casa Rosada. En su premisa central, el contenido subraya una postura institucional determinante:
“La historia debe conocerse en su totalidad, cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.
La obra documental posee una extensión total de 1 hora y 15 minutos. En su desarrollo técnico y conceptual participó directamente el grupo de asesores liderado por Santiago Caputo. La narrativa del video busca establecer un equilibrio histórico, proponiendo el ejercicio de recordar no solamente a quienes padecieron la represión dictatorial, sino también a los afectados por las acciones de grupos guerrilleros que operaron intensamente en aquel periodo.
La secuencia inicial del video presenta una voz en off que critica duramente la gestión política iniciada hace dos décadas. El texto introductorio sostiene que, en el año 2003, la administración nacional de ese entonces puso en marcha una campaña política de gran magnitud. Según el audiovisual, se utilizaron abundantes fondos del erario público para instaurar un relato sobre los conflictos de la década del 70 basado en una “visión sesgada y revanchista”, orientada supuestamente a la obtención de beneficios económicos y la consolidación de nuevas estructuras de poder.
El guion del documental argumenta que, durante ese lapso, una gran cantidad de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de las células guerrilleras fueron ignoradas, marginadas y silenciadas. Esto ocurrió, de acuerdo con el material, porque su realidad no coincidía con la narrativa que el poder político de turno intentaba validar ante la sociedad argentina.
Al cumplirse 20 años de lo que el video califica como un “fatal experimento narrativo”, el cual habría generado un costo de miles de millones de dólares para el país sin lograr cerrar las heridas del pasado, la actual gestión gubernamental manifiesta su intención de exponer la “Historia Completa” para superar las antiguas disputas sociales.
La pieza reafirma que el acceso a la verdad debe ser total, puesto que las visiones fraccionadas pierden su carácter de memoria colectiva. Bajo esta lógica, se defiende que las nuevas generaciones poseen el derecho legítimo de conocer una perspectiva “libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras” sobre lo acontecido en esos años de plomo.
Testimonios de la verdad histórica
Entre los relatos más destacados dentro de la producción se encuentra el de Miriam Fernández, identificada como la nieta recuperada número 127. En su intervención, Fernández sostiene con firmeza que la población fue inducida a creer en una versión de los hechos que no se ajustaba a la realidad. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”, asegura durante la grabación.
Asimismo, el documental recoge las palabras de Arturo Larrabure, quien es hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar que en el año 1974 fue capturado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Larrabure recuerda que aquel suceso fue el secuestro más prolongado en la historia del país, extendiéndose por más de un año y dejando un saldo de víctimas fatales. “Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos”, puntualiza en su intervención.
Desde la llegada del gobierno libertario, se ha mantenido la defensa de la denominada “teoría de los dos demonios”. Esta visión política intenta equiparar la importancia y el reconocimiento de los crímenes cometidos por el aparato estatal durante la dictadura con las acciones violentas perpetradas por las organizaciones armadas de la época.
En concordancia con esta postura, el presidente Javier Milei ha manifestado públicamente su escepticismo respecto a la cifra de 30.000 desaparecidos que suelen citar diversos organismos de derechos humanos. El mandatario sostiene que no existen registros que respalden dicho número y se remite a la cifra oficial de 8.753 víctimas documentada por la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en su informe de 1984.
Durante un evento conmemorativo el año anterior, el Jefe de Estado reafirmó su posición contra lo que denomina la “visión tuerta” del kirchnerismo, declarando:
“Quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”.
Fuente: Fuente