La administración gubernamental en España avanza en la definición de los mecanismos operativos para la regularización extraordinaria de migrantes. Este proyecto, que fue anunciado oficialmente a finales de enero, tiene como objetivo principal permitir que cerca de 500.000 personas que ya residen en el país europeo puedan acceder a un permiso de trabajo o de residencia. Mientras se aguarda la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha comenzado a detallar cómo se llevará a cabo el procedimiento.
De acuerdo con reportes de prensa, las autoridades han decidido que tanto las oficinas de Correos como las dependencias de la Seguridad Social habiliten ventanillas de atención especializada. En estos puntos, los interesados podrán entregar sus solicitudes de regularización, una medida que busca agilizar los trámites para el medio millón de extranjeros que se encuentran actualmente en situación irregular dentro de la nación ibérica.
El marco normativo establece que aquellos individuos que demuestren su estancia en territorio español antes del 1 de enero del presente año, y que sumen al menos cinco meses de residencia ininterrumpida, podrán dar inicio a la gestión antes de que finalice el mes de junio. Una vez admitida la solicitud, el Estado dispondrá de un periodo de tres meses para emitir una resolución. Estimaciones diversas sugieren que el número total de beneficiarios podría elevarse hasta el millón de personas, aunque el centro de estudios Funcas calcula que existen unos 840.000 ciudadanos en situación irregular que cumplen con los requisitos vigentes.
Esta estrategia, diseñada por el Ejecutivo, tiene como finalidad primordial reducir la carga administrativa que supondría gestionar todas las peticiones únicamente a través de las oficinas provinciales de Extranjería. Estas sedes, que dependen de las subdelegaciones del Gobierno, presentan actualmente altos niveles de saturación, por lo que un flujo masivo de nuevos expedientes podría colapsar el sistema de trámites migratorios.
A pesar de que el Ministerio de Política Territorial planteó inicialmente que el proceso debía quedar bajo la tutela exclusiva del personal de Extranjería debido a su alta especialización técnica, la decisión final se ha inclinado por utilizar la red de Correos y la Seguridad Social como los puntos neurálgicos para la recepción de solicitudes.
Las sedes habilitadas funcionarán como centros de acopio documental. Posteriormente, toda la información será enviada y procesada por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), órgano adscrito al Ministerio de Migraciones. Los formularios y el modelo de solicitud estarán disponibles para su descarga en los portales web oficiales de las carteras de Migraciones y Política Territorial.
Requisitos para la regularización extraordinaria
Este mecanismo excepcional estará disponible para los ciudadanos extranjeros indocumentados que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025. Entre las condiciones obligatorias se incluye la demostración de al menos cinco meses de residencia efectiva en el país, además de la presentación de un certificado que garantice la ausencia de antecedentes penales.
El cronograma previsto indica que las solicitudes podrán formalizarse a partir del mes de abril y el plazo se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Para validar la residencia en el país, los solicitantes podrán presentar cualquier tipo de documentación pública o privada, o incluso una combinación de ambas para acreditar su estancia.
Quienes logren completar exitosamente el proceso obtendrán una autorización de residencia con permiso de trabajo. Este documento tendrá validez en todo el territorio español y permitirá laborar en cualquier sector económico. Dicho permiso inicial contará con una vigencia de un año, tiempo tras el cual el beneficiario podrá transicionar a las figuras legales establecidas en el Reglamento de Extranjería ordinario. Asimismo, el plan contempla que los hijos menores de edad que residan en España puedan regularizarse simultáneamente, recibiendo una autorización legal para permanecer en el país por un periodo de cinco años.
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